El Ministerio de la Igualdad y Equidad presentará este miércoles 30 de abril un nuevo proyecto de ley ante el Congreso, con el propósito de legitimar su existencia legal y garantizar su continuidad operativa.
Esta decisión se produce luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que dio origen a la cartera durante el actual Gobierno.
La Corte, en una decisión anunciada en mayo de 2024, indicó que la ley fue aprobada sin cumplir con el análisis de impacto fiscal exigido por la Ley 819 de 2003. El alto tribunal argumentó que esta omisión constituyó una irregularidad insalvable dentro del proceso legislativo.
El nuevo proyecto de ley, que será radicado por el ministro Carlos Rosero el cual contiene 16 artículos y busca corregir las falencias señaladas por la Corte. Entre las modificaciones propuestas, se incluye la eliminación de las facultades extraordinarias para la conformación del sector administrativo y la inclusión de un artículo que protege los actos ya emitidos por la cartera.
La iniciativa también contempla mantener la estructura actual del Ministerio y agregar el concepto de “enfoque de sociedad de cuidado”. Además, incorpora cambios de redacción en distintos apartados del texto legislativo original.
El Ministerio de la Igualdad fue creado a comienzos de 2023 y estuvo dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez hasta hace dos meses. Su formalización jurídica mediante un nuevo proyecto de ley ocurre en medio de un panorama legislativo marcado por la discusión de temas como la consulta popular, la reforma a la salud y otras propuestas del Ejecutivo.
Pese a la invalidez de la ley que creó el Ministerio, la Corte Constitucional estableció que la cartera podrá seguir operando hasta la finalización de la legislatura 2025-2026. En su sentencia, el tribunal advirtió que una eliminación inmediata del Ministerio podría generar una “desarticulación institucional” que impactaría negativamente en la implementación de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables, como madres cabeza de familia y personas con discapacidad.
Según la decisión de la Corte, la Ley 2281 de 2023 dejará de tener validez jurídica una vez finalice la legislatura 2025-2026. A partir de ese momento, cesará todo efecto legal y el Ministerio de Igualdad desaparecerá del ordenamiento institucional si no se aprueba un nuevo marco normativo.
El tribunal también señaló que el Congreso omitió realizar el análisis fiscal requerido, lo cual fue calificado como un error grave que afectó la legalidad del proceso. La Corte recalcó la importancia de este requisito para asegurar la estabilidad macroeconómica y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Durante el análisis del caso, se estableció que el informe de ponencia para el primer debate de la ley original no cumplió con las normas de quórum ni con los procedimientos de votación estipulados en la Constitución y en la Ley 5ª de 1992.
El nuevo proyecto de ley se presentará ante un Congreso con una composición distinta a la que avaló la norma en 2022. El resultado del trámite legislativo definirá el futuro institucional de la cartera creada por el actual Gobierno.
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