El paro de los mineros artesanales y tradicionales en Colombia ha escalado con fuerza en los últimos días, extendiéndose por ocho regiones del país y llevando a cabo bloqueos que están afectando el transporte, el turismo y la economía local.
Las exigencias de los mineros apuntan principalmente hacia la formalización de sus actividades, garantías laborales, medidas de seguridad y la eliminación de regulaciones recientes que han dificultado la operación de exploración y extracción de recursos.
Decretos polémicos y el conflicto por la formalización
Uno de los principales detonantes de la protesta tiene que ver con el Decreto 1035 de 2024, emitido por el Ministerio de Defensa, que faculta a la Fuerza Pública para destruir maquinaria empleada en proyectos de minería sin titulación.
Esto ha generado una fuerte reacción por parte de los mineros artesanales, quienes consideran que estas disposiciones no solo ponen en riesgo su sustento, sino que también criminalizan su actividad.
Además, el Decreto 044 del Ministerio de Ambiente también ha sido ampliamente criticado, ya que permite al gobierno reservar áreas para la protección ambiental, excluyendo su uso para actividades mineras.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó que el Decreto 044 otorga un poder desproporcionado al Ministerio de Ambiente para decidir qué territorios se reservarán como áreas protegidas.
Para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, estas normativas ignoran el proceso de formalización que llevan años impulsando los mineros informales.
«La lentitud y el freno en estos procesos por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería han convertido el uso de maquinaria por parte de los pequeños mineros en un conflicto que necesita pronta solución», apuntó Acosta.
El gobierno se defiende
El Ministerio de Minas y Energía sostiene que el Decreto 044 no perjudica la minería tradicional, sino que promueve la sostenibilidad en el sector. Aseguran que, en el transcurso de 2024, se han beneficiado más de 7.400 mineros mediante programas de formalización, que incluyen la concesión de 22 contratos, 35 subcontratos de formalización y 21 solicitudes de legalización.
Además, se firmó la Resolución de delimitación del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca, el primer distrito de este tipo en el país, que abarca 14 municipios mineros.
Así mismo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que se busca una coordinación interinstitucional para atender las peticiones de los manifestantes y minimizar los impactos sociales y económicos del paro.
Efecto de la protesta en otros sectores
Las consecuencias del paro minero han alcanzado sectores como el turismo y el transporte. Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, denunció que los cierres viales están perjudicando la industria turística en varias regiones.
Los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Risaralda son los más afectados, con cancelaciones de reservas hoteleras y una marcada disminución de la confianza de los viajeros en estos corredores turísticos.
Dentro de las consecuencias del paro, se ha conocido de pasajeros atrapados en terminales de transporte y escasez de combustible en varias zonas debido a los bloqueos. Cotelco ha instado al gobierno a tomar medidas urgentes para restablecer la seguridad en las vías y evitar que la situación empeore.
El paro de los mineros representa un complejo dilema para el gobierno justo en medio de la COP16, que debe equilibrar su lucha contra la minería ilegal y la defensa de los recursos naturales con la necesidad de preservar los derechos y el sustento de miles de familias que dependen de la minería artesanal.
Las voces del sector reclaman un proceso de formalización más ágil y menos restrictivo, que permita a los mineros tradicionales trabajar de manera digna y segura, sin la amenaza constante de perder sus medios de trabajo.
