En vísperas de las manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional para el 1 de mayo, la suscripción de contratos por más de $300.000 millones con organizaciones indígenas ha generado nuevos señalamientos por el uso de los recursos públicos.
Según documentos conocidos por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, los recursos fueron asignados principalmente al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en el marco de convenios interinstitucionales firmados durante abril de 2025.
Uno de los contratos más destacados fue celebrado con el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, por un valor de $39.000 millones.
El convenio con el Cric, firmado el 25 de abril, prevé la implementación de un modelo de salud diferencial basado en prácticas ancestrales y la contratación de más de 530 personas, entre ellos coordinadores, sabedores, líderes políticos y apoyos zonales. Su vigencia se extiende hasta diciembre de 2025. También se contemplan pagos por transporte comunitario, en valores que oscilan entre $1 y $4 millones por vehículo.
Briceño señaló la coincidencia entre la firma del contrato y los disturbios registrados ese mismo día en la Universidad Nacional. A través de su cuenta de X, el concejal planteó dudas sobre una posible negociación política detrás del acuerdo. “¿Sirvió la presión?”, escribió.
El Ministerio de Salud, por su parte, defendió la legalidad del contrato e indicó que este tipo de convenios tienen continuidad desde 2017. La entidad recordó que en enero de 2022 ya se había firmado un acuerdo similar con el mismo consejo indígena.
En paralelo, el Ministerio del Interior ha transferido $10.000 millones a la Onic en los últimos cuatro meses, según denuncias del mismo concejal. Estas transferencias también se enmarcan en procesos contractuales con organizaciones indígenas y han sido vinculadas, por sus críticos, con la organización de la minga y el respaldo a iniciativas del Ejecutivo como la consulta popular y las movilizaciones del Día del Trabajo.
La llegada de la minga indígena a Bogotá para asistir a las marchas en respaldo al Gobierno ha generado lecturas encontradas sobre el uso de recursos públicos y la instrumentalización de los movimientos sociales.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido declaraciones directas en respuesta a los señalamientos de carácter político. No obstante, ha reiterado que los convenios suscritos con el Cric obedecen a la hoja de ruta trazada por la Comisión Mixta del Gobierno Nacional y los pueblos indígenas, espacio que regula el cumplimiento de acuerdos previos en materia de salud, territorio, educación y derechos colectivos.
La concentración de recursos, el momento de su ejecución y su coincidencia con las marchas convocadas por el Ejecutivo han alimentado el debate sobre el rol de los contratos en la movilización política.
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