Recientemente se conoció que 8.000 escoltas tercerizados que prestan servicios a la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían enfrentando un retraso en el pago de sus salarios y primas decembrinas.
Así lo afirmó Óscar Javier Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), quien detalló la situación en una entrevista con SEMANA.
Según Rivera, la semana pasada el director de la UNP, Augusto Rodríguez, convocó a los operadores privados que contratan a los escoltas para informarles sobre la suspensión temporal de pagos.
“No les iba a pagar la factura. Ese mes no iba a haber facturación toda vez que necesitaba el recurso para un tema de contrato de vigilancia electrónica”, explicó.
El presupuesto que la UNP adeuda a estas empresas incluye no solo los salarios correspondientes al mes de diciembre, sino también el pago de la prima de fin de año y las dotaciones para el próximo año. Rivera aseguró que las empresas ya han comunicado su imposibilidad de cumplir con los pagos, lo que generaría complicaciones para los escoltas que dependen de estos ingresos.
Los operadores privados son responsables de al menos el 90 % del personal de protección que conforma los esquemas de seguridad asignados a líderes sociales, sindicatos, ministros y senadores. Según Rivera, la situación representa un riesgo significativo para quienes dependen de estos servicios de protección.
Ante este panorama, Rivera señaló que, en ausencia de un pago, los trabajadores no estarían obligados a continuar desempeñando sus funciones. “Si no hay trabajo, si no hay plata, no hay cómo trabajar”, afirmó, enfatizando que la falta de recursos afecta tanto a los escoltas como al cumplimiento de los contratos establecidos con la UNP.
La Unidad Nacional de Protección indicó que se está verificando la denuncia para emitir una respuesta oficial y esclarecer los efectos derivados de la supuesta directriz dada por el director de la entidad.
