El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, y la concejal de Bogotá, Sandra Forero, radicaron una demanda de inconstitucionalidad contra los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados establecidos por el gobierno de Gustavo Petro en la reforma tributaria.
La acción jurídica fue interpuesta ante la Corte Constitucional y busca tumbar el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, que dio origen al Impuesto a las Bebidas Azucaradas (IBUA) y al Impuesto a los Productos Ultraprocesados (ICUI), actualmente incorporados en los artículos 513-1 al 513-13 del Estatuto Tributario.
Según los demandantes, estas medidas —presentadas por el gobierno como iniciativas de salud pública— violan principios fundamentales del sistema tributario colombiano como la equidad y la capacidad contributiva, y afectan principalmente a tenderos, pequeños productores y consumidores de bajos ingresos.
“El Gobierno disfrazó estos impuestos de una medida de salud pública, pero la realidad es que han sido un golpe demoledor contra los pequeños productores y comerciantes, mientras que las grandes empresas, que controlan toda la cadena productiva, terminan pagando menos. Esto es inaceptable y profundamente injusto”, afirmó Miguel Uribe.
De acuerdo con la demanda, los impuestos se aplican en cada etapa de la cadena de producción cuando participan múltiples actores, lo que genera un efecto acumulativo en el costo final del producto. En contraste, las grandes compañías que manejan procesos integrados pagan el impuesto una sola vez, lo que genera un trato desigual.
“Esto rompe el principio de equidad horizontal, castigando a los pequeños y favoreciendo a los grandes. Es una fórmula perversa que atenta contra la Constitución y contra los más vulnerables”, enfatizó Sandra Forero.
Datos de impacto presentados por FENALCO y Fenaltiendas respaldan la iniciativa judicial. Según estas organizaciones, el 80% de las bebidas azucaradas se comercializa a través de tenderos, quienes ya han reportado una caída en ventas. Fenaltiendas detalla que el 60% de estos comerciantes ha visto reducidas sus ventas, y el 59% no ha encontrado sustitutos viables para los productos gravados, lo que ha afectado directamente el costo de la canasta familiar.
“En lugar de proteger a los tenderos y pequeños comerciantes, el gobierno Petro los está asfixiando con cargas tributarias desproporcionadas. ¿Cómo se puede hablar de equidad cuando quienes menos tienen son los que más pagan?”, cuestionó Uribe.
La demanda también pone en evidencia que los tributos se cobran incluso en contextos donde no hay generación de riqueza, como donaciones, fusiones o aportes a sociedades.
“Se está cobrando por donar o por hacer una fusión, sin que exista ganancia alguna. Esto no solo es irracional, es una violación flagrante al principio constitucional de capacidad contributiva”, afirmó Forero.
Uribe y Forero solicitaron a la Corte declarar inexequibles los artículos 513-1 al 513-13 del Estatuto Tributario y llamaron al Congreso a replantear la política fiscal para que no sacrifique a los pequeños productores ni castigue a los consumidores más vulnerables.
“El gobierno Petro prometió proteger a los más pobres, pero con esta reforma tributaria está logrando todo lo contrario: asfixiar a los pequeños. No vamos a permitirlo”, concluyó Uribe.
