El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño solicitó al presidente Gustavo Petro no pronunciarse más sobre el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses en grave estado de salud a causa de un atentado perpetrado el 7 de junio.
La solicitud fue hecha pública a través de su cuenta oficial en X, donde Uribe Londoño manifestó su inconformidad por las reiteradas declaraciones del jefe de Estado sobre el caso. “Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado”, escribió, señalando que las afirmaciones del mandatario interfieren en el proceso que actualmente lidera la Fiscalía General de la Nación.
La investigación por el homicidio ha avanzado con la captura y judicialización de siete personas presuntamente implicadas en el hecho. No obstante, los pronunciamientos del presidente Petro han generado controversia, luego de que en diferentes escenarios públicos expusiera hipótesis sobre los posibles responsables del crimen, sin que existan sustentos judiciales que respalden esas afirmaciones.
El pronunciamiento de Uribe Londoño coincidió con la respuesta emitida por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a la familia de la víctima. El despacho rechazó una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado Alejandro Carranza, quien actúa como representante del presidente Petro y de su hijo Nicolás Petro.
En dicha denuncia, Carranza advirtió sobre una supuesta manipulación política del asesinato del senador Uribe Turbay y la creación de narrativas que, según indicó, buscan afectar la imagen del jefe de Estado.
Frente a esto, la defensa de la familia Uribe calificó la denuncia como un “acto de desinformación” y sostuvo que su propósito sería desviar la atención de los procesos judiciales que enfrenta Nicolás Petro.
El hijo del presidente es investigado por la Fiscalía en dos causas diferentes: una por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y otra por presuntas irregularidades en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público, peculado por apropiación y falso testimonio.
La familia del fallecido senador insistió en que el caso debe mantenerse en el ámbito judicial, sin interferencias políticas, y que se trata de un crimen que afecta directamente los derechos humanos y la democracia colombiana.
El presidente Petro, por su parte, ha mencionado en distintos espacios que existen posibles vínculos del crimen con sectores de las mafias y del negocio de las esmeraldas. En agosto de 2025, durante el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, afirmó que la Fiscalía debía esclarecer si detrás del asesinato existían intereses relacionados con dicho sector económico. Posteriormente, en un evento en Timbío, Cauca, habló de supuestos indicios que relacionarían a redes criminales con presencia en Europa.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado las hipótesis señaladas por el mandatario y mantiene bajo reserva los avances de la investigación que busca esclarecer el crimen de Miguel Uribe Turbay.
