El senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe, presentó una demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Gobierno nacional. Según Uribe, esta medida representa una “expropiación silenciosa” que pone en riesgo la estabilidad económica del país y golpea con fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
El decreto establece nuevas reglas de retención en la fuente, reduciendo los umbrales mínimos y aumentando las tarifas en sectores clave como salud, agricultura, construcción, energía y transporte. Esto implica que miles de MiPymes que antes no estaban obligadas a anticipar impuestos ahora deben hacerlo, lo que, según Uribe, está asfixiando financieramente al aparato productivo nacional.
“La semana pasada el gobierno Petro le dio un golpe fulminante al bolsillo de los colombianos. El decreto pretende anticipar la renta de 2026, reduce los umbrales mínimos y aumenta tarifas para ciertos sectores. Es una reforma tributaria sin aprobación del Congreso. O, en otras palabras, una expropiación de la caja de los empresarios”, afirmó el senador.
Uribe advirtió que esta situación podría traducirse en el cierre de empresas, pérdida de empleos y un aumento en el costo de vida, ya que la falta de liquidez en las empresas podría trasladarse a los consumidores. “Esto implica que todos los servicios pagados por encima de 94.130 pesos deben aplicarse en este decreto. Se anticipan 13,9 billones de pesos, abriendo un hueco fiscal para 2026 y generando un golpe económico directo contra la iniciativa privada”, agregó.
La demanda sostiene que el decreto vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria (art. 363), la proporcionalidad (art. 95.9) y la igualdad (art. 13), al imponer las mismas cargas tributarias a contribuyentes en condiciones económicas desiguales.
“El Gobierno no se aprieta el cinturón, no reduce el derroche ni la burocracia, pero sí pretende cobrar más a quienes generan empleo y pagan impuestos. Una sociedad que destruye a quienes generan empleo es una sociedad condenada al fracaso”, señaló Uribe.
En su acción, el congresista solicitó la suspensión inmediata del decreto como medida cautelar mientras se toma una decisión de fondo. Según él, esta es una medida urgente para proteger al 90% de las empresas del país, que pertenecen al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Todos sin excepción se perjudican, pero los más golpeados son los pequeños. Se les arrebata la caja y esto puede verse reflejado en la destrucción de empleo o en la quiebra de empresas”, concluyó.
