La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la consolidación de una nueva ruta migratoria a la inversa, que está llevando a decenas de personas desde Panamá hasta la costa pacífica colombiana, particularmente a los municipios de Juradó y Bahía Solano, en el departamento del Chocó.
El fenómeno, identificado en el marco del seguimiento a la Alerta Temprana Binacional Colombia-Panamá 001 de 2023, ha sido documentado tras una semana de trabajo en terreno por parte de delegados de la entidad.
Según lo constatado, redes informales estarían transportando personas de distintas edades en embarcaciones desde el corregimiento Jaqué, en la provincia panameña del Darién, con destino final en Buenaventura (Valle del Cauca). No obstante, el recorrido termina abruptamente en los municipios chocoanos, donde los migrantes son abandonados sin garantías ni registro alguno.
En promedio, entre 20 y 40 personas, entre ellas mujeres, hombres, niñas y niños, ingresan diariamente a través de esta ruta. Algunas logran conseguir alojamiento en hostales, mientras que otras pasan la noche en espacios públicos como andenes o parques. La situación se agrava ante la limitada capacidad institucional local para responder a las necesidades de atención básica.
Durante las verificaciones, la Defensoría alertó sobre la presencia de menores de edad que no portan ningún tipo de documentación y que viajan con adultos cuya relación familiar no ha podido ser confirmada. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que esta situación vulnera los derechos fundamentales de niñas y niños, al no poder determinar si están acompañados por sus padres o familiares.
“Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, pero tampoco familiares, además de que no tienen identificación. Esto pone en riesgo la integridad de los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional”, señaló.
La entidad también informó sobre la llegada de personas con discapacidad y migrantes que no hablan español, lo que dificulta su orientación en un entorno donde, además, se registra la presencia de actores armados ilegales con control territorial y social.
La falta de controles migratorios en puntos como El Valle, corregimiento de Bahía Solano, ha permitido que esta nueva ruta funcione fuera del radar de las autoridades. Mientras tanto, las capacidades estatales siguen centradas en la ruta migratoria del Caribe, particularmente en Capurganá.
La Defensoría del Pueblo solicitó que las instituciones gubernamentales competentes adopten planes inmediatos de respuesta para atender a la población migrante que se encuentra en Juradó y Bahía Solano, con el fin de evitar una posible crisis humanitaria.
Adicionalmente, la entidad reiteró su llamado al Gobierno de Panamá para fortalecer los controles en los distritos de Pinagona y Chepigana, así como en las comarcas Emberá Wounan y Guna Yala, todas ubicadas en la región del Darién. “Su trabajo en el territorio es necesario para mejorar los controles migratorios y asegurar que a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores les sean garantizados sus derechos”, concluyó la Defensora.
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