El corredor del Metroplús en Manrique la 45 se ha convertido en un ejemplo de caos vial, donde los conductores soportan abusos diarios, los pasajeros se ven afectados y los motociclistas aprovechan la falta de control, poniendo en peligro la seguridad de todos.
A pesar de las repetidas súplicas de los conductores para que las autoridades intervengan, la situación parece estar al borde de un colapso.
En julio pasado, los conductores de Metroplús emitieron un ultimátum de 30 días a la Alcaldía y al Metro de Medellín, exigiendo medidas urgentes para proteger tanto a los usuarios como a ellos mismos de los riesgos ocasionados por la constante invasión del carril exclusivo por parte de motociclistas y vehículos.
De no tomarse acciones concretas, advirtieron con la suspensión indefinida del servicio, afectando a más de 10.000 pasajeros mensualmente.
A pesar de las sanciones anunciadas por la Alcaldía tras el ultimátum, con 200 motociclistas multados, la situación en el corredor sigue siendo la misma. La comisión accidental, liderada por los concejales José Luis Marín y Farley Macías, resultó en promesas de proyectos piloto y la instalación de “robocops”, pero los conductores consideran que esas medidas son insuficientes.
Fredy Pulgarín, vocero del sindicato de conductores, reiteró la necesidad urgente de instalar un separador central de concreto en el corredor, lo que limitaría las infracciones y mejoraría la seguridad.
Sin embargo, tras años de espera, la falta de estudios y compromiso por parte del Distrito y el Metro ha frustrado cualquier avance en este sentido.
Cansados de promesas vacías, los conductores presentaron una acción popular ante la justicia, pidiendo que el alcalde Federico Gutiérrez establezca un plan con plazos específicos para resolver la situación. Asimismo, solicitaron una medida cautelar que permitiría la suspensión inmediata del servicio si las autoridades no cumplen con los tiempos acordados.
Los conductores han aportado pruebas contundentes al juez, incluyendo videos que muestran los peligros diarios que enfrentan. Según Pulgarín, la falta de cooperación del Metro para liberar las grabaciones ha dificultado exponer públicamente la gravedad del problema. De conocerse estos videos, asegura, la presión ciudadana para resolver la crisis sería inevitable.
