El Metro de Medellín reiteró que, conforme al marco normativo vigente, están prohibidas las actividades de proselitismo y propaganda político-electoral en todos los espacios que hacen parte de su red de transporte. La restricción aplica para estaciones, trenes, tranvía, cables aéreos, buses articulados, puentes peatonales, paradas y demás infraestructura del sistema.
La Empresa explicó que la medida busca garantizar una operación segura, ordenada y respetuosa, además de proteger la experiencia de viaje de los usuarios. En ese sentido, no está permitido realizar campañas políticas, promocionar candidaturas ni difundir mensajes electorales dentro de las instalaciones o vehículos que integran la red.
La prohibición incluye la producción y circulación de contenidos multimedia con fines electorales. Esto abarca la grabación de videos, transmisiones en vivo, uso de perifoneo, entrega de volantes, distribución de material promocional o cualquier otra acción orientada a promover causas o aspiraciones políticas dentro del sistema de transporte masivo.
Según el Metro, estas restricciones cobijan tanto a candidatos como a sus equipos de campaña y simpatizantes. El objetivo es prevenir situaciones que puedan generar aglomeraciones, congestiones o riesgos operativos, así como evitar afectaciones en la movilidad y en la tranquilidad de los pasajeros.
La Empresa hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para preservar el carácter neutral de los espacios que conforman la red, recordando que se trata de bienes de uso común al servicio de todos los habitantes del Valle de Aburrá. Mantener la armonía y el respeto por las diferencias hace parte de los principios de la llamada Cultura Metro, que promueve la corresponsabilidad y la convivencia.
El Metro también aclaró que las rutas integradas y no integradas que utilizan la tarjeta Cívica como medio de pago son operadas por empresas privadas. En consecuencia, la gestión y regulación de la publicidad que se exhibe en esos vehículos corresponde exclusivamente a cada operador y no a la Empresa Metro.
Finalmente, se recordó que el control y la regulación de las actividades proselitistas en el espacio público son competencia de las autoridades territoriales, electorales y de policía. Estas entidades son las encargadas de definir los lugares y condiciones en los que pueden desarrollarse actividades de propaganda política, así como de ejercer la vigilancia correspondiente.
