La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta nacional dirigida a los organismos de control y a la opinión pública, ante lo que considera un riesgo inminente de profundización de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. El pronunciamiento se conoció el 9 de febrero de 2026 desde Bogotá y se relaciona con recientes actuaciones administrativas del Ministerio de Salud.
En el comunicado, la organización advierte sobre la posible expedición de un decreto que modificaría de manera estructural el sistema de salud y daría paso a un proceso de habilitación de las EPS con base en criterios territoriales. Según el documento, estos actos administrativos, puestos en consulta pública, evidencian “la intención del Gobierno Nacional” de implementar cambios que podrían agravar la situación de usuarios, pacientes y del talento humano del sector.
La Mesa de Asociaciones señaló que el impacto de estas decisiones tendría un alcance masivo. De acuerdo con el comunicado, se produciría “el traslado masivo de EPS para 6.606.371 usuarios”, quienes serían reasignados a distintas entidades del sistema, entre ellas la Nueva EPS, Savia Salud, S.O.S. y otras EPS receptoras.
Uno de los principales cuestionamientos expuestos tiene que ver con la afectación al derecho de libre escogencia. El documento advierte que los usuarios serían trasladados a EPS intervenidas “sin capacidad de prestación de servicios”, lo que, según la Mesa, implicaría una vulneración directa de los derechos de los afiliados al no permitirles decidir libremente a qué entidad pertenecer.
El pronunciamiento también señala que las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención recibirían una mayor carga de usuarios, pese a que, según se indica en el comunicado, estas entidades no han demostrado mejoras sostenidas en la prestación de los servicios de salud.
En este contexto, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud recordó que, como lo ha señalado “la Contraloría General de la República en sendos informes” y como lo ha reconocido el propio Gobierno Nacional en declaraciones públicas, “las EPS intervenidas no han logrado mejoras para prestar los servicios”, situación que, a juicio de la organización, agrava la crisis humanitaria que enfrenta el sistema.
Finalmente, el llamado se orienta a las autoridades de control para que evalúen el alcance de estas decisiones y a la ciudadanía para que se mantenga informada sobre los cambios que podrían impactar directamente el acceso y la calidad de la atención en salud en el país.
