El impacto económico del decreto de conmoción interior empieza a sentirse. Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para recaudar 3 billones de pesos con el fin de afrontar la crisis de orden público en el Catatumbo han generado inquietudes en distintos sectores productivos del país.
Desde que se anunció el Decreto 0175 de 2025, expertos han advertido sobre los efectos que podrían desencadenarse en la economía colombiana. Un análisis de la firma internacional Crowe Co ha puesto sobre la mesa los riesgos que conlleva esta decisión, señalando que podría frenar la inversión, reducir la producción y generar mayor desempleo.
Los sectores más afectados por las medidas tributarias son el energético, financiero, comercial y de infraestructura. De acuerdo con Pedro Sarmiento, socio director de Impuestos y Servicios Legales de la entidad, la nueva carga impositiva sobre la venta de hidrocarburos podría elevar los costos operativos y reducir la inversión extranjera, lo que a su vez disminuiría la producción de crudo y carbón. Esto tendría un impacto directo en el empleo de las regiones donde la actividad extractiva es predominante.
El sector financiero también se vería afectado con la reimposición del impuesto de timbre, lo que podría encarecer los créditos bancarios y desincentivar nuevas inversiones. Según el análisis, las solicitudes de préstamos podrían disminuir entre un 20% y un 25%, lo que impactaría de manera directa a las empresas que dependen del financiamiento para su operación.
En la construcción, la carga tributaria incrementaría los costos de financiamiento, encareciendo la compra de vivienda y reduciendo la ejecución de proyectos de infraestructura. Se estima que las inversiones en este sector podrían caer hasta en un 25%.
Pero las consecuencias del decreto no se limitan al impacto sobre las empresas. Las decisiones tributarias también afectan el bolsillo de los ciudadanos. Con la nueva carga impositiva, la gasolina y la electricidad podrían aumentar de precio, al igual que los créditos de consumo e hipotecarios. Además, la migración de jugadores a plataformas de apuestas ilegales podría reducir el recaudo esperado en este sector.
Las alertas sobre el impacto social de estas medidas también han sido encendidas. Según el estudio de Crowe Co, las regiones más afectadas serían aquellas que dependen de la industria extractiva, como el Catatumbo, La Guajira y el Cesar. En estas zonas, el desempleo podría aumentar y la falta de oportunidades podría incentivar el crecimiento de la informalidad e incluso de actividades ilícitas.
En las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Barranquilla, el análisis prevé un aumento en la migración de personas que buscan nuevas oportunidades laborales. Esto podría generar una sobrecarga en los servicios públicos y acentuar las problemáticas de desigualdad en estos centros urbanos.
Mientras el Gobierno mantiene su defensa del decreto como una medida necesaria para restablecer el orden en las zonas más afectadas por el conflicto, las preocupaciones sobre su impacto económico siguen en aumento. Con el paso de los días, las cifras revelarán si la medida logra cumplir su objetivo o si, por el contrario, termina generando una crisis mayor a la que intenta resolver.
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