El Gobierno Nacional prepara la implementación de un plan de austeridad fiscal para 2025. Según un borrador de 10 páginas, las medidas incluyen restricciones en la contratación por prestación de servicios y una revisión detallada de los pagos por horas extras en las entidades públicas.
El documento establece que los contratos por prestación de servicios solo serán autorizados cuando se demuestre que son esenciales para el cumplimiento de funciones específicas y no puedan ser realizados por el personal de planta.
Además, se señala que no se podrán firmar nuevos contratos con el mismo objeto de aquellos ya vigentes, salvo autorización expresa de los responsables de las entidades.
Estas disposiciones buscan evitar duplicidades y garantizar un uso eficiente de los recursos del Estado. El presupuesto aprobado para 2025, que asciende a 511 billones de pesos, está diseñado para cubrir los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública, alineándose con los principios de eficacia y economía establecidos en la Constitución Política.
Revisión de pagos por horas extras
El borrador también detalla ajustes en el reconocimiento y pago de horas extras. Se instruye a las entidades del Presupuesto General de la Nación a racionalizar estos pagos, asegurando que se otorguen únicamente en casos estrictamente necesarios. Según el documento, las compensaciones deberán ser acordes con las verdaderas necesidades del servicio, buscando reducir gastos considerados innecesarios en años anteriores.
En relación con los horarios flexibles, el plan indica que deberán garantizar la prestación continua de los servicios, respetando la normativa laboral y minimizando la dependencia de horas extras.
Las medidas de austeridad buscan un ahorro significativo en los gastos del Estado durante 2025, manteniendo la disciplina fiscal y optimizando la distribución de recursos. El presupuesto, que se divide en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, incluye un enfoque en proyectos prioritarios como infraestructura, salud y educación, mientras asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El documento señala que las actuaciones del poder público deben regirse por los principios de eficiencia y economía. También enfatiza la importancia de racionalizar los gastos asociados a contratos y horas extras, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.
Estas medidas, que entrarán en vigor tras la expedición del decreto correspondiente, forman parte de la estrategia del Gobierno para maximizar la eficiencia del Estado y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva en las prioridades del país.
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