El Instituto de Medicina Legal verificó que entre los 20 cuerpos recuperados tras la operación militar contra disidencias de las Farc en Calamar, Guaviare, siete corresponden a menores de edad.
El hecho reaviva el debate sobre el uso de bombardeos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Medicina Legal confirmó este sábado que siete menores de edad murieron en el bombardeo ordenado por el Ejército Nacional contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, en la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare. El operativo, realizado el 12 de noviembre, dejó un total de 20 muertos, cuatro mujeres y tres hombres entre los menores, según el informe forense.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, explicó que los cuerpos fueron trasladados a las sedes de Villavicencio y San José del Guaviare, donde un equipo interdisciplinario realizó análisis forenses para determinar la edad y el género de las víctimas. “Producto de los estudios se estableció que siete de los cuerpos sin vida son de menores de edad: cuatro de género femenino y tres masculino”, precisó Cortés.
La operación militar, que buscaba neutralizar a la cúpula del EMC, se desarrolló en un campamento donde, según inteligencia, se encontraban más de 150 hombres armados. El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por la orden del bombardeo y justificó la decisión como una medida para evitar una emboscada contra 20 soldados. “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, escribió en su cuenta de X, aunque reconoció que “es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”.
La Defensoría del Pueblo advirtió que, aunque los menores pierdan su estatus de civiles al ser reclutados, conservan una protección reforzada bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”, señaló la defensora Iris Marín, quien pidió evaluar los métodos de guerra para evitar daños desproporcionados.
Este hecho revive la polémica sobre el uso de bombardeos en zonas selváticas donde hay presencia de menores reclutados. Organismos internacionales y expertos en DIH han reiterado que el Estado debe aplicar principios de distinción y proporcionalidad para minimizar riesgos, incluso en operaciones contra grupos armados ilegales.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la responsabilidad primaria recae en los grupos armados que reclutan menores, práctica considerada crimen de guerra. Sin embargo, la confirmación de Medicina Legal coloca al Ejecutivo en el centro de un debate ético y jurídico que podría tener repercusiones en la política de seguridad y en la estrategia de “paz total”.
