El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla quedó sin abogado defensor en el proceso penal que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Su apoderado, el penalista Mauricio Pava Lugo, presentó renuncia a la representación judicial y de acuerdo con declaraciones recientes, el abogado sostuvo que su ejercicio profesional es de carácter jurídico y no político, razón por la cual decidió apartarse del caso.
Con su salida, también se retiró el abogado Javier Torres, integrante del equipo de defensa que acompañaba al exfuncionario en la estrategia procesal. Bonilla permanece privado de la libertad desde diciembre de 2025, luego de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión se adoptó tras la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación señala al exministro, junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, de haber participado en reuniones y de impartir instrucciones para que funcionarios de la Ungrd direccionaran contratos y gestionaran recursos públicos en favor de determinados congresistas.
Según el ente acusador, los proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Ungrd habrían sido asignados con el propósito de asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno en el Congreso.
En diciembre de 2024, cuando Bonilla dejó el cargo en el Ministerio de Hacienda, Pava había informado que su equipo recopilaba pruebas para sustentar la defensa del exfuncionario. En ese momento aseguró que el material probatorio buscaba demostrar que el entonces ministro se limitó al ejercicio de sus funciones legales y que no participó en irregularidades relacionadas con la contratación.
El proceso ha avanzado en etapa de imputación y en la definición de la situación jurídica de los implicados, mientras continúan las diligencias de investigación. La Fiscalía sostiene que existen elementos que vinculan a los exministros con la presunta manipulación de contratos públicos para fines políticos.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente su respaldo a Bonilla y ha afirmado que confía en su inocencia. En declaraciones anteriores, señaló que el exministro habría sido involucrado de manera injusta en el proceso.
Con la renuncia de su principal apoderado, Bonilla tendrá que designar una nueva defensa en un expediente que involucra señalamientos sobre la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias y proyectos de infraestructura, y que mantiene bajo investigación la actuación de altos exfuncionarios del Gobierno nacional.
