Promigas y su Fundación Promigas presentaron en Cali la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), una herramienta desarrollada junto a la firma Inclusión SAS para medir las privaciones que limitan el acceso y uso adecuado de la energía en los hogares del país. El informe revela avances significativos, pero también advierte sobre persistentes brechas territoriales que afectan a millones de personas.
En 2023, la pobreza energética en Colombia alcanzaba el 16,1%, es decir, cerca de 8,4 millones de habitantes. Durante 2024, la cifra disminuyó a 15,4%, lo que, según el informe, “refleja que más de 300 mil colombianos superaron esta situación”. A pesar de este progreso, el documento señala que todavía unos 8,1 millones de personas continúan en condición de pobreza energética, lo que equivale a que 1 de cada 6 colombianos enfrenta limitaciones esenciales mediadas por la energía.
El IMPE advierte que, si el país mantiene el ritmo actual de reducción —aproximadamente 300.000 personas saliendo de la pobreza energética por año—, Colombia no alcanzaría la meta de un solo dígito sino hasta 2034. Por ello, esta edición incorpora una hoja de ruta orientada a acelerar el cumplimiento hacia 2030, con énfasis en intervenciones regionales diferenciadas.
En términos territoriales, el diagnóstico evidencia grandes contrastes. Regiones como Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) presentan los niveles más bajos de privación energética. Estas zonas, según el documento, muestran mejores condiciones para estudiar, trabajar y aprovechar la energía en beneficio de sus habitantes.
Sin embargo, otras regiones mantienen cifras críticas. Córdoba registra un 45% de pobreza energética, Chocó un 52,8%, La Guajira un 63,1% y Vaupés un alarmante 86,5%. Estos datos, señala el IMPE, “evidencian la urgencia de intervenciones territoriales diferenciadas” que cierren brechas históricas y permitan mejorar las capacidades productivas, educativas y de bienestar de las comunidades rurales y dispersas.
Durante la presentación, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, destacó la importancia del índice como herramienta para orientar decisiones públicas y privadas. “El IMPE es más que una métrica: es una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una carta de navegación para los gobernantes, que les permite identificar rutas posibles para reducir la pobreza energética, balanceando eficiencia y equidad”, afirmó.
Rojas agregó que alcanzar un dígito en 2030 es posible si se aceleran las medidas para reducir las brechas regionales y rurales. “La implementación de diferentes medidas permitiría avanzar a un ritmo acelerado”, puntualizó.
El informe concluye que, aunque el avance de 2024 es significativo, el desafío sigue siendo profundo. El país enfrenta la tarea de garantizar condiciones energéticas mínimas para millones de personas, especialmente en territorios históricamente excluidos, donde la pobreza energética continúa limitando el desarrollo y la calidad de vida.
