La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva advertencia sobre la contratación relacionada con la producción de pasaportes, luego de la firma de un contrato interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional que eleva el monto total comprometido en este proceso a más de un billón de pesos.
El organismo de control señaló que el volumen de recursos vinculados a los distintos instrumentos jurídicos firmados amerita seguimiento dentro de las actuaciones preventivas que mantiene en curso.
El más reciente convenio, identificado como el contrato interadministrativo CI-005-2026, fue publicado en el sistema SECOP el 29 de enero de este año y tiene un valor de 185.374 millones de pesos. Su objeto incluye la producción, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte.
De acuerdo con la información revisada por la Procuraduría, el contrato no establece una fecha de inicio, aunque fija como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2026.
Para la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, este nuevo acuerdo se suma a otros tres instrumentos suscritos previamente entre las mismas entidades con un propósito contractual similar.
Entre ellos se encuentran el convenio interadministrativo No. 007 de 2025, el convenio No. 001 del 18 de julio de 2025 y un acuerdo firmado con una entidad extranjera para cooperación, transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción de pasaportes.
Según el cálculo presentado por el ente de control, la suma de los recursos comprometidos en estos negocios jurídicos asciende a 1.493.409.424.714 pesos. Así mismo, indicó que la reiteración de contratos con el mismo objeto y la magnitud de los valores involucrados forman parte de los aspectos que serán objeto de vigilancia dentro de sus competencias preventivas.
La advertencia se produce más de tres meses después de que la Procuraduría interpusiera una demanda para solicitar la nulidad del convenio internacional suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, por presuntas irregularidades en el proceso contractual. Ese trámite judicial continúa su curso mientras se mantiene la revisión de los actos administrativos relacionados con el suministro de pasaportes.
El Ministerio Público informó que el nuevo contrato será incorporado a las actuaciones que ya adelanta sobre este caso, tanto desde la perspectiva preventiva como en el marco de investigaciones disciplinarias abiertas. Estas acciones buscan verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y contractuales vinculados al sistema de producción de pasaportes.
La Procuraduría reiteró que continuará monitoreando la ejecución de los convenios vigentes y los recursos públicos comprometidos en este esquema contractual, en el marco de sus funciones de control sobre la gestión administrativa.
