La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) intensificó los controles tributarios a lo largo del primer semestre de 2025, como parte de su estrategia de fiscalización enfocada en el uso obligatorio de la facturación electrónica. Según datos oficiales, más de 120.000 establecimientos comerciales presentan fallas en el cumplimiento de esta obligación, lo que los expone a sanciones e incluso al cierre de sus operaciones.
La entidad, que actualmente tiene como director encargado a Luis Eduardo Llinás, indicó que solo en los primeros seis meses del año fueron detectadas inexactitudes en declaraciones de IVA por un valor superior a los $71.000 millones. En ese contexto, la Dian ha proyectado la visita a cerca de 2.000 contribuyentes que presentan inconsistencias en la información reportada.
La implementación de herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos ha permitido a la Dian realizar un cruce masivo de información en tiempo real, optimizando los tiempos de detección de errores y facilitando la identificación de irregularidades en documentos tributarios electrónicos. Esta automatización ha ampliado el alcance de los procesos de control sobre los contribuyentes.
Dentro de los sectores más vulnerables frente a estas medidas se encuentran las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan un mayor riesgo de sanciones por errores de procedimiento. Así lo señaló Alexander Grajales, fundador del Grupo Soluciones Legales, quien advirtió que las fallas más frecuentes no corresponden a evasión, sino a errores técnicos que se derivan de una implementación deficiente de los procesos electrónicos.
Entre las equivocaciones comunes que afectan a este grupo empresarial, es la omisión de campos obligatorios en la facturación electrónica, uso incorrecto de formatos, inconsistencias en la información declarada frente a la que figura en las facturas electrónicas, y errores en la transmisión de nómina, especialmente en fechas y montos reportados.
Otros puntos críticos incluyen gastos sin soporte legal adecuado, uso indebido del régimen simple de tributación, y aplicación de beneficios fiscales sin cumplir con los requisitos establecidos.
El especialista señaló que los errores en el cumplimiento de las obligaciones electrónicas pueden dar lugar a sanciones de hasta el 1% del valor de las operaciones reportadas de forma incorrecta, con un tope de 7.500 UVT, equivalentes a más de $373 millones, según lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
Además, la responsabilidad por estas irregularidades recae sobre el representante legal de la empresa, sin perjuicio de las funciones que desempeñen contadores o asesores externos.
Grajales recomendó a las empresas realizar revisiones jurídicas periódicas de todos sus procesos tributarios, establecer acuerdos claros con sus asesores contables y mantenerse al día frente a los cambios normativos emitidos por la Dian y el Ministerio de Hacienda.
El segundo semestre de 2025 traerá un calendario tributario más exigente, lo que obliga a los contribuyentes a afinar sus procesos internos. La Dian, por su parte, continuará aplicando controles sistemáticos con herramientas tecnológicas, con el objetivo de cerrar brechas fiscales y garantizar la correcta declaración y pago de impuestos por parte de los obligados.
