La Defensoría del Pueblo informó que, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, 101.474 personas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada en distintas zonas del país, a causa del conflicto armado y la violencia.
De acuerdo con datos de la entidad, durante este periodo se registraron 116 eventos de desplazamiento, afectando gravemente los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes.
Además, se informó que los departamentos con mayor concentración de desplazamiento forzado fueron Norte de Santander, Nariño y Cauca, mientras que otros territorios enfrentan también situaciones críticas de confinamiento, como Chocó, Cauca y Huila.
Por todo esto, la Defensoría del Pueblo hizo énfasis en que estas cifras evidencian la persistencia de la crisis humanitaria en los territorios más vulnerables y luego hizo un llamado a la implementación urgente de políticas de prevención y respuestas con un enfoque territorial que garanticen la presencia efectiva del Estado y la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
En cuanto a otro tipo de movimientos migratorios mixtos, la Defensoría aseguró que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de forma irregular hacia Colombia, de las cuales el 40,41% eran mujeres, el 38,27% hombres y el 21,32% eran niños, niñas y adolescentes.
En relación con el origen de estas personas, se informó que la mayoría provenía de Venezuela con un total de 136.950 personas, seguida de Ecuador con 1.053, Perú con 333 y República Dominicana con 300.
Además, según indicó la Defensoría, se registró un flujo de migración inversa con 19.134 migrantes que ingresaron al país por la ruta La Miel, ubicada en Panamá, hacia el corregimiento de Capurganá, en Chocó, de los cuales el 55,8% eran hombres, el 25,3% mujeres y el 19% niños, niñas y adolescentes; en este fenómeno también fue Venezuela el país que lideró con 18.787 casos.
Sobre el alto registro de desplazamiento en Colombia, cabe mencionar que solo el 26 de diciembre el Consejo Noruego para Refugiados informó que al menos 250 personas se desplazaron hacia Cúcuta y Ocaña tras los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
En su momento, se enunció que los enfrentamientos se concentraron en áreas rurales del municipio de Tibú y en corredores viales que conectan con corregimientos como La Gabarra, limitando la movilidad de la población e impidiendo incluso el tránsito de ambulancias y misiones de asistencia.
Por todo esto, algunas comunidades tuvieron que refugiarse en escuelas y espacios improvisados; estos enfrentamientos ocurrieron a pesar del supuesto cese unilateral al fuego del ELN anunciado desde la medianoche del 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026.
Finalmente, la Defensoría advirtió que el desplazamiento forzado vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, el acceso a servicios básicos, la vivienda digna, el medio ambiente sano, la cultura y el espacio público.
