La senadora María Fernanda Cabal Molina presentó su balance de gestión correspondiente al periodo legislativo 2022–2026, en el que expuso las iniciativas tramitadas y las acciones de control político adelantadas durante estos años. El informe fue entregado en Bogotá este 7 de diciembre de 2025.
Con más de 207.000 votos obtenidos en las elecciones más recientes, Cabal se mantiene como una de las figuras con mayor respaldo electoral en el Congreso. En su intervención, señaló que su trabajo ha estado orientado a ejercer vigilancia sobre el Gobierno Nacional, impulsar reformas en materia de justicia, cultura y productividad, y fortalecer el papel de la oposición en el debate público.
En el componente legislativo, la senadora destacó los proyectos radicados durante el periodo, entre ellos el Proyecto de Ley 212 de 2025, enfocado en establecer garantías jurídicas para los segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras, con el propósito de proteger a familias campesinas de buena fe. También mencionó el Proyecto de Ley 213 de 2025, que propone ajustes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante plazos y reglas que, según explicó, buscan asegurar el debido proceso.
En el área cultural, presentó el Proyecto de Ley 249 de 2025, que busca declarar la Feria de Cali y la salsa caleña como Patrimonio de la Nación, con miras a fortalecer su preservación y proyección internacional. Asimismo, recordó el Proyecto de Ley 025 de 2024, orientado a promover el sello “Compra lo Nuestro”, una estrategia dirigida a incentivar el consumo de bienes y servicios nacionales.
Cabal también hizo referencia a iniciativas suyas que ya son Ley de la República. Entre ellas, la Ley 2128 de 2021, que define lineamientos para la promoción del gas combustible con enfoque en ampliación de cobertura y transición energética. Igualmente, destacó la Ley 1979 de 2019, mediante la cual se establece un sistema integral de reconocimiento y apoyo para los veteranos de la Fuerza Pública.
Durante su presentación, la senadora expuso el balance de control político realizado al Gobierno Nacional, que —según afirmó— ha sido un eje central de su gestión. Señaló que ha presentado 1.046 derechos de petición relacionados con vigilancia del gasto y acceso a información pública; 41 acciones de tutela para garantizar derechos de la oposición; más de 130 investigaciones sobre presunto despilfarro, irregularidades contractuales y cuestionamientos a la política pública; 17 quejas disciplinarias contra altos funcionarios; 16 demandas de nulidad contra actos administrativos considerados ilegales o inconstitucionales; y 12 denuncias penales por presuntos delitos de servidores públicos. A esto sumó más de 30 acciones judiciales adicionales, así como 45 constancias en plenaria, 30 proposiciones y 10 debates de control político con citaciones a ministros y directores de entidades.
Al cierre del balance, la senadora reiteró su postura frente a la defensa institucional y el ejercicio de oposición. “Mi compromiso es con Colombia”, afirmó, y agregó: “Colombia necesita carácter y coherencia. Voy a seguir dando esta batalla por la verdad, por la ley y por el país”.
