La senadora María Fernanda Cabal radicó ante la Cancillería un derecho de petición en el que exige respuestas claras sobre el futuro del proceso de emisión de pasaportes en Colombia, luego de que se anunciara el fin del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons el próximo mes de septiembre. Además, anunció que citará a debate de control político al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la solicitud, dirigida al viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, la congresista invoca el derecho constitucional de petición y el marco normativo que ampara a las bancadas de oposición para acceder a información oficial, y plantea una serie de interrogantes sobre el manejo actual y futuro del sistema de expedición de pasaportes.
Entre los puntos clave, Cabal solicita al Gobierno informar cuál es el plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio una vez finalice el contrato con Thomas Greg & Sons, y si la Imprenta Nacional está técnicamente preparada para asumir la impresión, personalización y distribución de los cerca de 8.000 pasaportes que se emiten diariamente en el país. También pide conocer desde cuándo asumiría esta función y cuál es el cronograma oficial.
La senadora cuestiona si ya existe un contrato firmado con Portugal o con otro país o empresa para la expedición de pasaportes, e insiste en conocer las condiciones, plazos y copias de los documentos respectivos. Asimismo, hace referencia a las recientes declaraciones de la ex canciller Laura Sarabia, quien denunció demoras y presuntas interferencias en el proceso de asignación de citas, e interroga sobre la postura oficial del Gobierno frente a dichas afirmaciones.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud para la senadora es el papel que habría tenido el dirigente político Alfredo Saade en decisiones relacionadas con la impresión de pasaportes, pese a que esta competencia corresponde a la Cancillería. “¿Qué papel ha tenido el señor Alfredo Saade en las decisiones sobre la impresión de pasaportes?”, pregunta de manera directa en el documento.
Cabal también solicita información sobre el manejo actual de las citas para la expedición del documento, incluyendo qué tipo de software se utiliza, quién es el proveedor, cómo opera el sistema y qué alternativas tienen los ciudadanos en caso de no lograr agendar una cita.
Finalmente, la senadora recuerda que, en su calidad de integrante de la oposición, el Gobierno está obligado a responder en un plazo máximo de cinco días, de acuerdo con la Ley 1909 de 2018 y el artículo 258 de la Ley 5 de 1992.
La congresista del Centro Democrático anticipó que llevará este tema a un debate de control político en el Congreso, advirtiendo que está en juego el derecho de los colombianos a acceder a un documento esencial para su movilidad y trámites internacionales.
