viernes, junio 6, 2025
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María Fernanda Cabal demandó ante el Consejo de Estado decreto del Gobierno Petro que restringe propiedad rural

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra el Decreto 033 del 17 de enero de 2025, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia. La norma ha generado controversia al imponer nuevas condiciones sobre la compraventa de predios rurales en 82 municipios del país.

El decreto en cuestión restringe las transacciones de tierras superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF), al establecer que toda escrituración debe ser notificada previamente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que podría ejercer una opción preferencial de compra sobre los predios.

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Cabal sostiene que esta medida viola derechos fundamentales y principios constitucionales, entre ellos el derecho a la propiedad privada, la libertad económica, la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica. En su demanda, argumenta que el decreto representa una forma de expropiación indirecta sin indemnización ni respaldo legal formal.

“La propiedad privada es pilar de una sociedad libre. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para despojar a los campesinos de sus derechos mediante decretos arbitrarios. Esta es una defensa por la libertad, la legalidad y el futuro del campo colombiano”, afirmó la congresista del Centro Democrático.

La precandidata también solicitó al alto tribunal la suspensión provisional de la norma, advirtiendo que su aplicación genera un daño grave e inmediato. “Hoy pretende el Estado con Petro a la cabeza expropiar a los dueños de las tierras rurales, mañana puede hacer lo mismo con los urbanos. No lo vamos a permitir”, declaró.

La demanda se presenta en medio de un contexto de tensión entre el sector agrario y el Gobierno Nacional, en el marco de su política de redistribución de tierras. Desde distintos sectores se ha advertido que medidas como el Decreto 033 podrían frenar la inversión en el campo, aumentar la incertidumbre jurídica y afectar la confianza de propietarios y compradores rurales.

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