El pasado 18 de julio, Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que aseguró que su administración tomará medidas contra ciudadanos extranjeros responsables de actos de censura contra la libertad de expresión protegida en territorio estadounidense.
El anuncio hizo referencia directa al magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien Trump acusó de liderar una “cacería política” contra el expresidente Jair Bolsonaro.
De acuerdo con lo establecido por Rubio, la persecución no sólo vulneraría derechos fundamentales dentro de Brasil, sino que también afectaría a ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, según el comunicado, la medida se ampara en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., que permite declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada pueda tener consecuencias adversas para la política exterior del país.
En este sentido, el secretario de Estado, anunció la revocación de visas a ocho de los once magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En este sentido afirmó que, “Por lo tanto, he ordenado revocaciones de visa para Moraes y sus aliados en la corte, así como para sus familiares inmediatos con efecto inmediato”.
Esta decisión se enmarca, según funcionarios estadounidenses, en un esfuerzo por apoyar al expresidente Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
La medida se suma a otras acciones diplomáticas del gobierno de Trump, como la imposición de un arancel del 50 % sobre importaciones brasileñas, programado para entrar en vigor el 1 de agosto.
Entre los jueces afectados por la revocación de visas se encuentran Alexandre de Moraes, quien lidera la investigación, así como Luís Roberto Barroso, José Antonio Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Luiz Edson Fachin y Gilmar Ferreira Mendes. No se incluyeron los magistrados André Mendonça, Kassio Nunes Marques y Luiz Fux.
El presidente Lula da Silva rechazó la decisión a través de su cuenta oficial en X, “Mi solidaridad y apoyo a los ministros del Supremo Tribunal Federal afectados por otra medida arbitraria y sin fundamento del gobierno de los Estados Unidos. La interferencia de un país en el sistema de justicia de otro es inaceptable y atenta contra los principios básicos de respeto y soberanía entre naciones».
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