El Juzgado 31 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín ordenó el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y doce personas más, investigadas por presuntos delitos contra la administración pública.
La diligencia estaba programada para el 1 de abril de 2025 a las 14:00 horas; sin embargo, el abogado del exsecretario de Infraestructura Física, Carlos Mario Montoya Serna, solicitó el cambio de fecha al argumentar que tenía otra audiencia a la misma hora en el Juzgado Penal del Circuito de La Ceja. Este último tribunal le negó la solicitud de modificación de horario, lo que impidió su participación en la audiencia de imputación en Medellín.
Este es el segundo aplazamiento del proceso. La audiencia inicialmente se iba a realizar el pasado 25 de marzo, pero fue postergada debido a que el abogado de Quintero Calle pidió más tiempo para preparar su defensa técnica. Además, otro abogado manifestó tener compromisos previos, incluyendo una ceremonia de grado de maestría y una diligencia en la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el documento judicial emitido por el Juzgado 31 Penal Municipal, el caso está relacionado con el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Entre los procesados figura Yina Marcela Pedroza Gómez, además de los otros implicados en la investigación. El despacho judicial determinó que existía una causa justificada para postergar la formulación de imputación, debido a los compromisos legales del abogado Montoya Serna.
El auto judicial, firmado por la jueza Ammy Candelaria Pérez Jiménez, ordena la devolución de la carpeta al Centro de Servicios Judiciales para proceder con la reprogramación de la audiencia, sin que hasta el momento se haya definido una nueva fecha.
El reiterado aplazamiento del proceso ha generado suspicacias entre analistas y sectores jurídicos, que consideran que estas demoras podrían constituir una maniobra dilatoria para retrasar el proceso contra Quintero y los demás implicados. También advierten que este escenario facilitaría el objetivo del exalcalde de trasladar su caso a Bogotá, donde podría contar con mayores influencias para incidir en el desarrollo del proceso judicial.
