La controversia en torno al gobierno de Gustavo Petro se intensifica con nuevas denuncias que sugieren prácticas de espionaje ilegales.
Magistrados del sistema judicial colombiano presentaron acusaciones de ser víctimas de ‘chuzadas’ y seguimientos por parte de la inteligencia gubernamental.
La fiscal Luz Adriana Camargo asumió la investigación del caso, luego de una reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles con todos los magistrados del alto tribunal.
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le hizo entrega a Camargo de una fuerte carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte.
Según los magistrados, estas actividades constituyen una grave violación de su privacidad y autonomía, y representan un intento de intimidación y control por parte del gobierno.
Hace unos días, un mensaje de un estado de WhatsApp se viralizó. Allí decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”. La Fiscalía le confirmó que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez.
La carta tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”. Allí, el magistrado Ibáñez le reportó al presidente de la Corte Constitucional:
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.
Ibáñez aseguró: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (…) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (…) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.
Sobre la sesión reservada entre los magistrados de la Corte Constitucional y Camargo no se conocen detalles, únicamente que la fiscal se habría comprometido a investigar.
La alerta por estos posibles seguimientos y chuzadas no es solo entre los magistrados de la Corte Constitucional. Varios magistrados en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP, expresaron que varios de ellos se sienten “inseguros y presionados” por el Gobierno Petro.
Las denuncias han desatado una ola de reacciones en el ámbito político. Los partidos de oposición han aprovechado la situación para criticar al gobierno, exigiendo transparencia y medidas inmediatas para proteger a los magistrados.
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