El magistrado de la Corte Constitucional Héctor Carvajal solicitó a la Sala Plena mantener su participación en el análisis de la reforma pensional, luego de que la senadora Paloma Valencia presentara una recusación en su contra.
La Congresista argumentó que el jurista debía apartarse del caso por haber emitido conceptos sobre la norma mientras fue contratista de Colpensiones en 2024.
En un documento de 15 páginas, Carvajal reconoció que sí existió un contrato con Colpensiones y que emitió opiniones jurídicas sobre la ley, pero señaló que estos conceptos no tienen relación con el aspecto que actualmente estudia la Corte. Según explicó, los temas tratados en su asesoría ya fueron objeto de decisión en un fallo previo del alto tribunal, por lo que no conservan “actualidad ni relación con el trámite posterior”.
El Magistrado sostuvo que la ponencia que será discutida en Sala Plena, a cargo del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez Najar, se limita a determinar si la Cámara de Representantes cumplió las órdenes de subsanación del procedimiento legislativo establecidas en el Auto 841 de 2025. Por tanto, aseguró que su intervención anterior no guarda conexión con el asunto procesal que ahora se revisa.
Carvajal también citó jurisprudencia para sustentar su posición, indicando que un impedimento solo puede prosperar cuando el Magistrado ha intervenido en aspectos sustanciales del asunto que se decide, lo que, según él, no ocurre en este caso. Agregó que la actual revisión se centra únicamente en los aspectos formales del trámite legislativo y no en el contenido material de la reforma.
De manera paralela, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, también fue recusado por un ciudadano que alegó una “enemistad ideológica” con el Gobierno Nacional. Ibáñez es el autor de la ponencia que propone declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional, argumentando que la Cámara no corrigió adecuadamente los vicios de procedimiento señalados por la Corte.
La Ley 2381 de 2024, aprobada por el Congreso en julio de ese año, creó el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte. Sin embargo, el alto tribunal encontró un vicio en su trámite en la Cámara de Representantes y ordenó su subsanación. En junio de 2025, con 97 votos a favor, la plenaria de la Cámara volvió a aprobar el proyecto tras cumplir el proceso de corrección.
El expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, defendió la votación al afirmar que la discusión fue “amplia y democrática” y que el procedimiento cumplió con las exigencias establecidas.
Una vez la Sala Plena defina si Carvajal continúa en el debate, la Corte retomará el estudio de la ponencia de Ibáñez, cuyo resultado determinará si la reforma pensional se mantiene vigente o es declarada inexequible.
