Con el levantamiento de la vacancia judicial, la Corte Constitucional retomó el estudio de uno de los actos más relevantes expedidos por el Gobierno en las últimas semanas con respecto al decreto mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
El análisis quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, quien fue designado por sorteo como ponente del caso dentro del alto tribunal. La asignación de la ponencia marca el inicio formal del control automático que la Corte debe ejercer sobre este tipo de decretos, conforme a lo establecido en la Constitución.
En paralelo, se conoció que el magistrado Juan Carlos Cortés asumirá el estudio de uno de los decretos derivados de la declaratoria de emergencia, lo que implica que el tribunal abordará de manera integral las medidas adoptadas por el Ejecutivo bajo este marco excepcional.
El decreto de emergencia económica fue expedido por el Gobierno Petro luego de que el Congreso no aprobara la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. A partir de esa decisión, el Gobierno activó el mecanismo constitucional que le permite adoptar medidas extraordinarias, incluidas disposiciones de carácter fiscal, bajo el argumento de enfrentar una situación económica que considera urgente.
En el marco de este proceso, el Consejo Gremial Nacional presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de suspensión provisional del decreto. La petición busca que el alto tribunal detenga de manera temporal los efectos de la medida mientras se surte el estudio de fondo sobre su constitucionalidad. Según el gremio, la declaratoria de emergencia y los decretos asociados podrían implicar un uso indebido de las facultades excepcionales del Ejecutivo.
“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia económica, para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial en el documento radicado ante la Corte.
Esta postura ha sido compartida por otros sectores que han expresado reparos frente al alcance del decreto y sus eventuales efectos en materia económica y tributaria. Durante el trámite constitucional, la Corte recibirá distintos conceptos técnicos y jurídicos, entre ellos el del procurador general de la Nación, quien emitirá su posición sobre la validez del decreto y las medidas adoptadas. Estos insumos harán parte del expediente que será analizado por el magistrado ponente antes de presentar su proyecto de fallo ante la Sala Plena.
La definición del magistrado encargado había permanecido en suspenso debido a que la expedición del decreto coincidió con el periodo de vacancia judicial. Con la reanudación de actividades, quedó confirmado que Carlos Camargo tendrá a su cargo la elaboración de la ponencia, un paso clave dentro del proceso que permitirá a la Corte pronunciarse sobre la legalidad del estado de emergencia económica decretado por el Gobierno Nacional.
