El presidente venezolano presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad al líder opositor exiliado en España.
La medida se fundamenta en acusaciones de “traición a la patria” y llamados a una invasión militar extranjera.
El viernes 24 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando la retirada de la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López, actualmente exiliado en España. La solicitud se basa en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, promulgada en 2024.
Según Maduro, López habría incurrido en “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela”, además de promover el bloqueo económico y “llamar a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos enemigos extranjeros”.
La Constitución venezolana establece en su artículo 35 que los ciudadanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, mientras que la nacionalidad por naturalización puede ser revocada mediante sentencia judicial. López nació en Venezuela, por lo que el recurso de Maduro plantea un conflicto constitucional que podría escalar a instancias internacionales.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) iniciarán de inmediato el proceso de anulación del pasaporte de López, como parte de las medidas administrativas derivadas del recurso.
La acción contra López se produce en medio de un clima político tenso, marcado por la proximidad de las elecciones legislativas en Venezuela y por el aumento de las tensiones con Estados Unidos. Washington ha intensificado su presencia militar en el Caribe, lo que Caracas interpreta como una amenaza directa.
En una reciente entrevista con EFE, López respaldó la presión internacional como vía para un cambio político en Venezuela y no descartó un eventual ataque militar estadounidense como “necesario” para desmantelar lo que calificó como una “estructura criminal” en el poder.
Hasta el momento, Leopoldo López no ha emitido una respuesta oficial, y su partido, Voluntad Popular, tampoco se ha pronunciado. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos han comenzado a expresar preocupación por lo que consideran una escalada en la persecución política.
Expertos constitucionalistas advierten que retirar la nacionalidad a un ciudadano por nacimiento podría constituir una violación de derechos fundamentales, y que el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
