El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó la creación de un equipo de asesores nacionales e internacionales con el objetivo de plantear una «gran reforma constitucional».
Según el mandatario, esta iniciativa busca «democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano». El anuncio se produjo en un acto televisado, sin que se ofrecieran detalles específicos sobre el alcance de los cambios propuestos.
La propuesta se da en un contexto de creciente rechazo a nivel nacional e internacional tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, señaladas por la oposición como fraudulentas. A menos de un mes de su investidura para un tercer mandato, Maduro afirmó que esta reforma consolidará la «soberanía nacional» y reforzará el poder popular. No obstante, críticos consideran que este anuncio podría ser una estrategia para afianzar su permanencia en el poder, al igual que lo hizo Hugo Chávez en 2009 con la reforma que permitió la reelección indefinida.
En Venezuela, cualquier reforma constitucional debe ser ratificada mediante el voto popular. Maduro ya utilizó este mecanismo en 2017 cuando convocó a una Asamblea Constituyente con el objetivo de «pacificar» al país en medio de protestas masivas en su contra. Aunque esa instancia cesó en 2020 sin cambios significativos a la Constitución, aprobó normativas como la Ley contra el Odio, consideradas por críticos como herramientas para limitar la disidencia y reforzar el control político.
El panorama para el chavismo se complica de cara a las elecciones parlamentarias y regionales previstas para 2025, cuando enfrentará uno de sus momentos políticos más delicados. Recientemente, el Parlamento controlado por el oficialismo ha aprobado leyes que fortalecen la estructura comunal y endurecen las sanciones contra ONG y opositores políticos, con medidas como inhabilitaciones de hasta 60 años y confiscación de bienes.
