La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó nuevamente a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, empresario y exmiembro de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), para rendir una versión voluntaria en el marco del Caso 04, que investiga los crímenes cometidos en el Urabá antioqueño durante el conflicto armado.
La sesión que se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre a las 9:00 a.m. contará con la participación de representantes de víctimas, una medida crucial en la búsqueda de verdad y reparación.
El caso Tulapas: despojo, desplazamiento y paramilitarismo
Luis Gallo, quien ya ha sido procesado en la justicia ordinaria por delitos como concierto para delinquir, despojo de tierras y desplazamiento forzado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.
Según las investigaciones, habría tenido un rol clave en actividades de despojo de tierras en la región de Urabá, específicamente en la zona de Tulapas, en coordinación con paramilitares de la casa Castaño y empresarios del FGC.
La JEP ha señalado que Gallo podría ser considerado como un máximo responsable en estos crímenes, dada su posición estratégica y su presunta participación activa en la dinámica de desplazamiento forzado que marcó a esta región.
Verdades incómodas y un entramado de complicidad
En sesiones previas, la JEP ha indagado profundamente sobre el rol de Gallo en los proyectos agroindustriales que se establecieron en los predios despojados, su conocimiento sobre las dinámicas del conflicto armado en Urabá, y la implicación de entidades públicas y privadas en la legalización de estos despojos.
Entre las entidades mencionadas figuran el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (hoy Incoder), notarías y oficinas de registro, además de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), que habría facilitado estos procesos.
Gallo también ha solicitado a la JEP medidas cautelares sobre los bienes adquiridos por el FGC en Tulapas, así como sobre contratos con empresas madereras como RIA, en un aparente intento de deslindarse de su responsabilidad en los hechos.
En su decisión de convocarlo nuevamente, la magistrada relatora del caso argumentó que la participación de Gallo, como miembro de la Junta Directiva y accionista del FGC, fue esencial para que se concretaran las dinámicas de desplazamiento forzado y despojo en Urabá.
Por esta razón, no se descarta que pueda ser catalogado como máximo responsable, figura clave dentro de la JEP para determinar responsabilidades prioritarias en crímenes graves.
El testimonio de Gallo será contrastado con las versiones y relatos de las comunidades campesinas afectadas por el desplazamiento y el despojo en Tulapas. La participación de los representantes de víctimas es un paso fundamental para garantizar que el proceso priorice la verdad y la reparación frente a los intereses económicos y políticos que marcaron esta región durante el conflicto.
