El periodista Hollman Morris, actual gerente del canal público RTVC, vuelve a ser el centro de la polémica, pero esta vez no por sus escandalosas denuncias de acoso sexual en su contra, sino por una jugada inesperada, ahora se convierte en demandante.
Después de tres años de denuncias por acoso sexual, el caso dio un giro que sorprende y alarma en igual medida. Morris decidió denunciar a Lina Castillo, una de las mujeres que lo acusó de acoso, por injuria y calumnia.
Esta situación desató un debate sobre el poder y la impunidad en un entorno donde las víctimas parecen ser las que quedan desprotegidas.
Desde 2016, Morris ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de diferentes mujeres que aseguran haber sido acosadas sexualmente por él.
Entre ellas, Patricia Casas, la exesposa de Morris, quien lo acusó de violencia intrafamiliar, y Carolina Valencia, que hizo lo propio por acoso sexual y maltrato.
María Antonia García se suma a la lista, así como una demandante cuya identidad se ha mantenido en secreto por razones de seguridad. Este último caso revela la atmósfera de miedo que rodea a quienes intentan hablar en un entorno donde la voz de las víctimas es silenciada.
Un relato escalofriante de esta atmósfera de intimidación se da en el testimonio de una mujer que fue amenazada por dos sujetos, quienes le advirtieron que su vida podría verse comprometida si continuaba hablando de Morris.
“Que me quedara callada, era mucho mejor para mí, mi mamá y mi hermana”, afirma la mujer, mostrando las serias implicaciones del entorno de acoso y represalias.
En 2019, Lina Castillo, quien trabajó con Morris durante su tiempo como concejal de Bogotá, denunció públicamente el acoso al que fue sometida. Castillo relató episodios de tocamientos y comentarios sexuales inapropiados, asegurando que Morris no escatimaba en sus avances.
Sin embargo, tras años de lucha, es ella quien ahora se enfrenta a un juicio, mientras que el denunciado se escuda en una supuesta falta de consistencia en sus relatos.
La respuesta de la Fiscalía, que ha virado el proceso judicial en contra de Castillo, refleja una alarmante tendencia a desestimar las denuncias de las mujeres en casos de acoso.
La abrumadora cantidad de acusaciones en contra de Morris y el historial de testimonios coincidentes parecen ser desvalorizados por la magistratura, permitiendo que el perpetrador recupere terreno y, por el contrario, acuse a sus víctimas.
La situación es aún más compleja cuando se considera que Morris, con su poder y posición en los medios, tiene la capacidad de manipular la narrativa y acallar a quienes intentan exponer la verdad. En sus palabras, hay un eco de la cultura de la impunidad que tanto afecta a las víctimas en Colombia, donde el testimonio de una mujer parece contar menos que la voz de un hombre con influencia.
Además, otros testimonios, como el de la ex secretaria Privada de Morris, Carolina Valencia, corroboran las denuncias de Castillo. Valencia asegura haber sido testigo de cómo Morris hacía comentarios sexualmente sugestivos y, en un ambiente de trabajo asfixiante, las mujeres eran expuestas a situaciones humillantes y degradantes, donde la pornografía era un común denominador.
Esta atmósfera tóxica no solo afecta a las víctimas directas, sino que contamina todo el entorno laboral, generando un clima de miedo y silencio.
La decisión de Morris de contraatacar legalmente a sus acusadoras solo sirve para ilustrar cómo, en el juego de poder, los roles pueden invertirse y las víctimas convertirse en blanco de retaliación. Mientras la justicia parece fallar en reconocer y proteger a quienes sufren acoso, la narrativa de la defensa se impone y el ciclo de violencia y abuso persiste.
El caso de Hollman Morris no es solo un episodio aislado de la lucha contra el acoso en Colombia, sino una muestra representativa de un sistema que sigue protegiendo a los poderosos y dejando a las víctimas en la intemperie.
