martes, octubre 14, 2025
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Lina María Garrido advirtió que la izquierda usaría la consulta del 26 de octubre para financiar campaña presidencial

La congresista Lina María Garrido advirtió sobre lo que calificó como un posible uso irregular de los recursos públicos en el marco de la consulta interna de sectores de izquierda, prevista para el próximo 26 de octubre. Según explicó, este mecanismo estaría siendo utilizado para financiar una campaña presidencial con los fondos provenientes de la reposición de votos.

De acuerdo con sus declaraciones, “la izquierda usa la consulta del 26 de octubre para financiar su candidato a la presidencia con la plata de la reposición de votos. La elección del candidato es lo de menos, Petro hace rato tiene candidato”.

Garrido aseguró que, según su análisis, el propósito de la consulta no sería únicamente definir un aspirante, sino generar una fuente de recursos para la campaña del candidato presidencial apoyado por el actual Gobierno. La congresista también señaló que, en su criterio, podría haber una estrategia posterior para participar nuevamente en una consulta interpartidista en marzo de 2026.

“Se acordarán de mí que no respetarán la Ley y el candidato que gane la consulta el 26 de octubre buscará el chanchullo legal para participar nuevamente en una consulta interpartidista en marzo. De esta manera, además de los 3.000 millones de la reposición de votos de la consulta de octubre, se meterá al bolsillo otros 3.000 millones de la consulta interpartidista de marzo”, manifestó.

La congresista del Partido Conservador hizo un llamado a los ciudadanos a estar atentos frente a lo que considera un uso indebido de los recursos públicos. “Así que ojo, Colombia, no salgan a votar en la consulta del 26 de octubre, pues la izquierda tiene montado un plan para hacer campaña financiados con la plata de nuestros impuestos”, concluyó.

La consulta del 26 de octubre fue convocada por los sectores de izquierda para definir candidaturas locales y regionales de cara al proceso electoral de 2026. Sin embargo, algunos sectores políticos han cuestionado su conveniencia y transparencia, argumentando que el proceso podría ser utilizado con fines distintos a los establecidos en la ley electoral.

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