El concejal Daniel Briceño realizó una transmisión en vivo en la que denunció diversas irregularidades relacionadas con Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
La denuncia de Briceño abordó aspectos como su relación con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su papel en la contratación distrital y su actividad como prestamista de políticos.
Carlos Ramón González ha estado en el centro de la controversia en los últimos días debido a su presunta participación en el escándalo de la UNGRD, en el que, según la Fiscalía, habría sido una de las figuras clave en el entramado de compra de congresistas por parte del gobierno.
Según informaciones, González habría salido del país junto con su esposa, Luz Dana Leal, quien trabajaba en el Consejo Nacional Electoral y posteriormente en el SENA. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar su paradero y su presunta responsabilidad en los hechos.
Briceño también expuso el papel de González en la contratación distrital a través de dos organizaciones: la Corporación Sor Teresa de Calcuta y la Corporación ASIS de Colombia.
Desde 2011 hasta la actualidad, estas entidades han recibido 74 contratos por un total de $29.357 millones de pesos en Bogotá. En estas corporaciones también figura su esposa, Luz Dana Leal, quien formaba parte del Consejo Directivo de la Corporación ASIS de Colombia.
Entre las denuncias, Briceño destacó que, a pesar de estar fuera del país y de las investigaciones en su contra, González sigue administrando nueve contratos de comedores comunitarios en Bogotá. Estos contratos se mantienen vigentes bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. El Concejal cuestionó la continuidad de estos contratos y la gestión distrital en el manejo de estos recursos.
Otro de los aspectos mencionados en la transmisión fue la participación de González como prestamista de campañas políticas.
A través de su empresa Dance Gold S.A.S., González habría financiado campañas de la Alianza Verde y la Colombia Humana con préstamos que suman $4.850 millones de pesos y $750 millones de pesos, respectivamente.
Esta situación ha generado interrogantes sobre su influencia dentro del Partido Verde y la razón por la que sus miembros no han cuestionado su papel en el escándalo de la UNGRD.
La Fiscalía General de la Nación lo ha involucrado en la investigación y ha solicitado el rastreo de sus cuentas bancarias. El Tribunal Administrativo de Bogotá autorizó el rastreo de sus movimientos financieros como parte del proceso. Mientras tanto, Olmedo López y Sneyder Pinilla, testigos claves en el caso de la UNGRD, han señalado a González como la persona que dio la orden de entregar sobornos a congresistas.
Briceño concluyó su denuncia insistiendo en la necesidad de que las autoridades avancen en la investigación y que el alcalde Carlos Fernando Galán revoque los contratos en Bogotá relacionados con González.
También reiteró la importancia de seguir de cerca el escándalo de la UNGRD, considerado el caso de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, y de garantizar que las investigaciones se lleven a cabo sin dilaciones.
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