Un nuevo episodio de corrupción ha salido a la luz en Colombia, vinculando a Diego Marín, alias «Papá Pitufo», con altos funcionarios de la Policía y el Gobierno Nacional. Según revelaciones recientes, Marín habría recibido información privilegiada sobre las investigaciones en su contra, lo que le permitió eludir a las autoridades y huir del país.
La investigación contra Marín se encontraba en una fase crucial en 2023, cuando salieron a la luz grabaciones en las que se escucha a agentes de la Policía admitiendo que sectores dentro del propio Estado estarían obstaculizando el proceso. En uno de los audios, el entonces jefe de Interpol, coronel Mario Durán, reconoce que el poder de «Papá Pitufo» era tal que imposibilitó cualquier acción en su contra. Esta situación dejó expuestos a los agentes infiltrados en la organización, obligando a varios a exiliarse, entre ellos el patrullero Wilmar Alejandro Burbano.
Burbano, miembro de un equipo élite de Interpol que realizaba un minucioso seguimiento a Marín, fue advertido sobre su traslado a La Guajira, un territorio bajo la influencia del contrabandista. Preocupado por su seguridad, solicitó reunirse con el coronel Durán, quien en un encuentro grabado en secreto, admitió que el caso había sido “dañado” desde el interior de la institución. Poco después, Burbano optó por retirarse de la Policía y, ante la ola de amenazas que recibió tras la exposición del escándalo, abandonó el país junto con su familia.
El caso dio un giro cuando se reveló la existencia de un audio en el que Camilo Gómez, hombre de confianza de Marín, le informaba a un agente infiltrado que su jefe estaba al tanto de las reuniones en las que se discutía su captura. La grabación refuerza la hipótesis de que ‘Papá Pitufo’ habría recibido filtraciones directas desde sectores clave de la Policía y la Fiscalía.
Uno de los momentos clave en la investigación ocurrió el 10 de octubre de 2023, cuando se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Defensa en la que participaron el entonces ministro Iván Velásquez, la jefe de contrainteligencia de la Policía, coronel Julie Ruiz, el fiscal del caso, Andrés Marín, y su superior, Leonardo Quevedo. Durante el encuentro, el fiscal Marín advirtió sobre el peligro que corría el agente infiltrado Álvaro Galvis, quien había recopilado pruebas clave contra el contrabandista. No obstante, la coronel Ruiz desestimó la alerta, asegurando que Marín ya no se encontraba en el país. Esto llevó al fiscal a divulgar la existencia de un video en Cartagena, lo que generó tensiones dentro del proceso judicial.
Mientras el exministro Velásquez niega cualquier tipo de filtración de información, las evidencias y testimonios continúan acumulándose. La senadora Paola Holguín advirtió que este caso no puede convertirse en una “caricatura de la corrupción”, destacando la gravedad de las irregularidades dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Actualmente, Diego Marín se encuentra en Portugal, donde ha solicitado asilo político. Las autoridades colombianas buscan su extradición para esclarecer el alcance de la presunta red de corrupción que permitió su fuga y que, según las investigaciones, podría involucrar a figuras clave del Estado.
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