La Contraloría General de la República emitió una contundente advertencia sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia, concluyendo que enfrenta una crisis estructural creciente que compromete su sostenibilidad financiera y operativa.
Según el informe del ente de control, las medidas de intervención adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han sido efectivas para contener la crisis. Por el contrario, la situación se ha agravado, afectando incluso los niveles de atención prestados a los usuarios.
Actualmente, nueve EPS se encuentran bajo medida de intervención, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, S.O.S. y Coosalud. Estas entidades concentran el 59,2 % de los afiliados al sistema, es decir, cerca de 29,5 millones de personas.
La Contraloría advierte que el sistema es financieramente insostenible, con una deuda acumulada de $32,9 billones por concepto de servicios de salud, situación que mantiene en estado crítico a buena parte del sector. Además, 16 EPS presentan graves problemas de liquidez, lo que limita su capacidad de responder oportunamente a sus obligaciones.
Uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con la deuda con proveedores farmacéuticos, que, aunque ha disminuido de $14,7 millones en 2024 a $2,8 millones, sigue afectando la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes.
Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro ha reiterado que los privados deben asumir la responsabilidad de la crisis financiera de las EPS, indicando que deben responder con sus patrimonios ante las deudas con las IPS. El mandatario asegura que el informe de la Contraloría confirma la inviabilidad del sistema actual y respalda su propuesta de reforma.
El balance general es preocupante: de las 29 EPS activas en el país, solo seis cumplen con los requisitos financieros exigidos, como capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Estas seis EPS con viabilidad financiera apenas atienden al 10,9 % de los afiliados, lo que significa que el 89 % de los colombianos están vinculados a entidades con serios problemas económicos.
El informe de la Contraloría pone en evidencia la urgente necesidad de una reestructuración profunda del sistema de salud colombiano, cuya sostenibilidad está cada vez más comprometida.
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