La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín presentó este jueves una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y por omisión, contemplados en los artículos 413 y 414 del Código Penal.
La denuncia se sustenta en una declaración pública del ministro Jaramillo durante una audiencia realizada el pasado 12 de mayo, en la que afirmó: “Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma, porque en la reforma nosotros hemos planteado que hay que pagar las deudas y debe ser el Estado quien las pague”.
Según Holguín, estas declaraciones evidencian que la crisis actual del sistema de salud podría haber sido inducida deliberadamente para forzar la aprobación de la reforma propuesta por el Gobierno. “La grave y desvergonzada afirmación del ministro no solo implica una intención política detrás de la crisis, sino que podría demostrar que algunos actos administrativos relacionados con el financiamiento de las EPS y su intervención forzada carecen de legalidad por falsa motivación”, señaló.
La congresista también advirtió sobre posibles omisiones en el cumplimiento de los deberes del ministro, con el fin de impulsar un cambio estructural en el sistema de salud sin considerar el impacto directo sobre los pacientes.
Holguín citó que, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, nueve EPS han sido intervenidas, afectando a más de 25 millones de usuarios, lo que representa un proceso de estatización del sector. A esto se suman, según indicó, un aumento del 101 % en las quejas por mal servicio entre enero de 2022 y enero de 2025, con un registro de 1,6 millones de quejas solo en 2024.
Asimismo, la senadora mencionó el Estudio de Cartera No. 53 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el cual revela que, a diciembre de 2024, la deuda con hospitales y clínicas superó los $20,3 billones, es decir, un incremento de $1,3 billones respecto a 2023.
La denuncia también fue remitida a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se inicien las investigaciones disciplinarias correspondientes.
