La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, expresó el pasado 19 de junio una profunda preocupación por el aumento de la interferencia política en el sistema educativo de Estados Unidos.
Durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, advirtió que recientes decisiones, como la controversia en torno a la restricción para que la Universidad de Harvard reciba estudiantes internacionales, son parte de una tendencia más amplia que amenaza la libertad académica, los derechos estudiantiles y la integridad democrática.
Shaheed señaló que esta situación refleja un patrón de ataques coercitivos a la autonomía institucional, con medidas que van desde la censura de libros y asignaturas en escuelas, hasta sanciones dirigidas a universidades, estudiantes y docentes. Según su evaluación, el uso del poder estatal para penalizar la disidencia, moldear los contenidos académicos y restringir la libre investigación representa una amenaza seria.
Durante su visita a Estados Unidos y en el seguimiento realizado posteriormente, la relatora identificó políticas discriminatorias dirigidas a los planes de estudio, la enseñanza y el activismo estudiantil. Indicó que muchos actores educativos describieron un ambiente generalizado de autocensura. Además, denunció que las protestas estudiantiles son enfrentadas con criminalización, deportaciones, vigilancia y sanciones disciplinarias desproporcionadas.
Shaheed instó al gobierno estadounidense a garantizar la libertad académica como pilar del progreso científico y democrático, lo cual incluye respetar la autonomía institucional, evitar la censura y fomentar el pluralismo en los contenidos educativos. Recordó que, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos tiene la obligación de proteger la protesta pacífica en el ámbito universitario, tanto en instituciones públicas como privadas.
Asimismo, expresó su respaldo a más de 200 universidades que han resistido lo que describió como una campaña coordinada de presión política, con amenazas de recortes presupuestales, investigaciones con motivación política y exigencias para censurar contenidos, limitar contrataciones o sancionar estudiantes.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles a reconocer la educación como un derecho humano fundamental, evitar la censura, proteger la salud mental estudiantil y preservar la gobernanza académica frente a intereses externos.
