La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que activó los mecanismos institucionales necesarios para garantizar la continuidad de la representación judicial de las 127 víctimas acreditadas en el Caso 01, luego de que la Corporación MILVÍCTIMAS anunciara su renuncia a brindarles asistencia jurídica.
Este caso investiga y juzga los secuestros cometidos por las Farc-EP y otros crímenes ocurridos en el marco del cautiverio. La JEP reiteró su compromiso irrestricto con la participación efectiva y el acceso a la justicia de todas las víctimas acreditadas ante la jurisdicción.
Esto, como principio fundamental de su misión y en cumplimiento de su mandato constitucional y legal de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
La Jurisdicción solicitó a la Corporación MILVÍCTIMAS que enviara lo más pronto posible el listado completo de las víctimas afectadas, incluyendo nombres, números de identificación y datos de contacto, así como la información necesaria para proceder a la reasignación de la representación judicial y garantizar la protección plena de sus derechos procesales.
La JEP recordó que todas las víctimas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales y cuentan con plenas garantías dentro del modelo de Justicia Transicional Restaurativa.
Por otra parte, la entidad subrayó que la participación de las víctimas constituye un pilar estructural de este modelo y se encuentra protegida por la Ley Estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.
La Jurisdicción también reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa y acompañamiento de las víctimas acreditadas, la cual ha sido clave para fortalecer la participación, el acceso a la verdad y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones.
Por medio de un comunicado, se destacó que la intervención de las víctimas no se limita a las decisiones finales de los procesos judiciales, audiencias, diligencias y demás actuaciones constituyen espacios esenciales para el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de las víctimas, las comunidades y los territorios. Las actuaciones de la jurisdicción se guiaron por principios como la centralidad de las víctimas, el principio pro homine y la acción sin daño, garantizando igualdad, trato digno y evitando la revictimización.
Asimismo, la JEP recordó que desde su creación cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, en siglas, SAAD Víctimas, que brindó representación legal gratuita y especializada mediante equipos interdisciplinarios integrados por expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.
Finalmente, la JEP reafirmó su disposición permanente al diálogo institucional, su respeto por las decisiones de las organizaciones de víctimas y su compromiso de cumplir su mandato constitucional con independencia, transparencia y estricto apego al ordenamiento jurídico, consolidando así su compromiso con las víctimas, la verdad y la construcción de una paz estable y duradera.
