Por: Carlos Echavarría
Hace unos pocos meses, cuando el presidente de la República Gustavo Petro anunció el congelamiento del precio de los peajes para detener el alza de los fletes, y por ende, frenar un incremento sostenido en el índice de precios al consumidor; escribí sobre lo contraproducente de la medida, debido a que el valor de los peajes se ajustan de manera automática, basado en los contratos de concesión firmado por los constructores y el Estado colombiano para la ejecución de las nuevas vías, tanto las 4G como las 5G.
También se argumentó en esa fecha, que ese congelamiento del valor de los peajes, más temprano que tarde, se revertiría de una forma mucho más agresiva, gracias a que cada día, con cada vehículo que transitaba por Colombia, se producía un hueco en el flujo estimado de caja de las concesionarias y que muy seguramente el “gobierno del cambio” no transferiría los recursos para cubrir los faltantes.
En la nota presentada por un medio informativo, el Ministro de Transporte William Camargo, dice que se tiene acumulada una deuda de 800 mil millones de pesos, en ningún momento expresó si en algún período desde la congelación de las tarifas se había abonado dinero a los concesionarios, solo expresó que la deuda acumulada es de casi un billón de pesos. Una evidencia clara de que la medida fue completamente contraria al manejo de las finanzas del país y sobre todo a la responsabilidad fiscal que siempre debe primar ante cualquier acción planteada. A continuación, se presentan varias consecuencias:
1. La Nación adquirió una nueva deuda por la irresponsabilidad del gobierno Petro.
2. Las concesionarias se convirtieron en acreedores del Estado.
3. Las vías vieron reducidas las obras de mantenimiento.
4. Las mejoras en las vías se vieron detenidas.
5. Los transportadores gastaron más recursos por el mal estado de la malla vial.
6. La congelación de tarifas en los peajes no fue significativa en comparación con el incremento en los costos de los combustibles.
7. La inflación no se detuvo por la aplicación de la medida.
Con ese panorama, al gobierno le quedan pocas maniobras para subsanar el problema que el mismo gobierno ocasionó y todas las alternativas son nocivas para el país. Se tienen algunas preguntas, bastante interesantes, que sería deseable que el ministro Camargo respondiera:
¿El incremento de los peajes, bajo qué expectativas de inflación se realizará?
¿En el incremento se colocará un excedente adicional para comenzar a pagar la deuda?
¿Para evitar tener que pagar esa deuda con los concesionarios, El Estado ampliará el tiempo de la concesión en lo referente a la operación y mantenimiento?
¿Se realizará una nueva partida presupuestal, cargada al Ministerio de Transporte, para cubrir la deuda acumulada?
¿El gobierno adquirirá nueva deuda con entidades nacionales o internacionales para pagarle a los concesionarios?
¿Esa deuda adquirida por el congelamiento del precio de los peajes, tiene previsto el pago de intereses por mora?
La improvisación del gobierno del mandatario del Pacto Histórico es exasperante y las consecuencias las pagamos todos los colombianos. Tres largos años aún están por delante y solo queda guardar la esperanza de que el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro entregue democráticamente el solio de Bolívar en unas elecciones limpias y transparentes.
