El acuerdo entre Colombia y Suecia para la adquisición de aviones de combate Gripen E/F, fabricados por la compañía Saab, entró formalmente en el radar jurídico de Estados Unidos. La denuncia fue presentada por el profesor Juan Carlos Portilla ante la División Criminal Anti-Soborno Transnacional del Departamento de Justicia, solicitando una evaluación bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), uno de los marcos de control más estrictos para investigar presuntos sobornos o pagos irregulares en contratos que involucren empresas con presencia en jurisdicción estadounidense.
La operación plantea un reto significativo para el Gobierno colombiano debido a su costo multimillonario, a la estructura corporativa del acuerdo, que incluye una filial estadounidense de Saab, y a la aparición de indicios periodísticos relacionados con la estancia de Verónica Alcocer, expareja del presidente Petro, en territorio sueco. Aunque no existe evidencia que demuestre vínculos entre la vida privada de Alcocer y la negociación, Portilla argumenta que la coincidencia temporal amerita una verificación independiente, especialmente si existieron movimientos financieros que hayan pasado por el sistema bancario estadounidense.
La denuncia también recuerda que, en un caso similar, Estados Unidos abrió una investigación en 2024 sobre el contrato firmado por Brasil en 2016 con la misma compañía y la misma filial involucrada. Ese antecedente es uno de los argumentos centrales que llevaron al académico a solicitar la intervención del Departamento de Justicia.
La estructura del acuerdo Gripen y la activación del control norteamericano
El proceso de compra de los Gripen por parte de Colombia ha sido descrito como la operación militar más costosa de las últimas décadas. La magnitud económica, unida a la participación de una subsidiaria estadounidense, permite que la FCPA entre en juego. Este marco legal faculta a Estados Unidos para analizar contratos que, aun siendo celebrados en el exterior, tengan algún nexo con entidades o transacciones dentro de su territorio.
Portilla plantea que el esquema de la negociación requiere claridad en aspectos financieros, contables y corporativos. Su petición incluye la verificación de libros contables, acuerdos internos y eventuales contratos de intermediación. También solicita coordinación entre autoridades colombianas, suecas y europeas para revisar reportes de operaciones sospechosas y datos de beneficiarios finales.
El punto más sensible del análisis público ha sido la relación entre el costo proyectado para Colombia y los valores pagados por otros países. India evaluó los Gripen en rangos inferiores y pagó 120 millones de dólares por cada avión, Brasil negoció aeronaves con componentes de transferencia tecnológica por un precio también más bajo que el colombiano, de solo 125 millones de dólares por avión, y Alemania adquirió recientemente aviones F-35, considerados de mayor capacidad y sofisticación o los “Rolls Royce” de la aviación de combate a precios menores que los estimados para la flota colombiana, 239 millones es de dólares. Colombia sin embargo, paga los Gripen de menor nivel que los F-35 alemanes por 245 millones de dólares cada avíón. Estas comparaciones no prueban irregularidades, pero sí han generado inquietudes sobre el dimensionamiento del contrato, sus condiciones y posibles costos asociados que no han sido divulgados en detalle.
Para los expertos consultados, el contrato colombiano podría incluir componentes adicionales como soporte, simuladores, transferencia limitada de conocimientos o infraestructura tecnológica. Sin embargo, la falta de información pública detallada ha alimentado un clima de dudas que ahora entra en un ciclo de escrutinio internacional.
Impacto diplomático, político y financiero para Colombia
Una posible investigación de Estados Unidos generaría repercusiones en varios planos. En primer lugar, abriría un escenario de consultas bilaterales entre Washington y Bogotá, especialmente si el Departamento de Justicia solicita cooperación judicial o acceso a información financiera. La presencia de Saab, uno de los principales activos tecnológicos de Suecia, también implicaría eventuales comunicaciones diplomáticas con Estocolmo, que podría buscar claridad sobre las afirmaciones elevadas a la jurisdicción norteamericana.
En términos militares, el proceso podría retrasar la modernización de la Fuerza Aérea Colombiana, que desde hace años plantea la necesidad de reemplazar plataformas envejecidas. Una indagación internacional obligaría a revisar cronogramas, procedimientos y obligaciones contractuales, lo que podría afectar la futura capacidad operativa del país.
La dimensión política es igualmente significativa. La controversia surge en un contexto en el que la transparencia en el gasto público es objeto de debates intensos dentro de Colombia. La compra de los Gripen, por su costo y complejidad, exige niveles de claridad elevados. Una investigación externa podría acentuar la percepción ciudadana de falta de información o de decisiones tomadas sin suficiente supervisión pública.
Si bien no existe decisión judicial que implique responsabilidades, el solo hecho de que un contrato sea examinado bajo la FCPA introduce un componente de riesgo reputacional tanto para el Gobierno como para las instituciones involucradas en el proceso de adquisición.
Un acuerdo estratégico en manos del escrutinio internacional
El profesor Portilla ha insistido en que su denuncia busca claridad, no conclusiones anticipadas. La FCPA, recuerda, actúa como mecanismo de prevención cuando existen señales que requieren verificación profunda. La investigación al contrato brasileño demuestra que Estados Unidos puede intervenir incluso cuando el negocio se desarrolla principalmente fuera de su territorio, siempre que haya una filial nacional o flujo financiero que caiga bajo sus leyes.
El Gobierno colombiano sostiene que el acuerdo con Saab responde a necesidades estratégicas y de modernización. Sin embargo, la información pública sobre costos, especificaciones y estructuras de pago ha sido limitada. Frente a esa ausencia de detalles, la denuncia presentada abre un espacio en el que se cruzan legalidad, diplomacia, control financiero y percepción pública.
Las próximas semanas serán decisivas. El Departamento de Justicia puede optar por una revisión preliminar, solicitar documentación, dialogar con las autoridades suecas o, simplemente, archivar el caso si considera que no hay elementos suficientes para avanzar. Mientras eso ocurre, el acuerdo Gripen entra en una fase de observación global.
Un contrato estratégico que exige transparencia total
La compra de los aviones Gripen representa un paso crucial para la defensa colombiana, pero también implica una responsabilidad institucional de máxima transparencia debido a su costo y su impacto geopolítico. La denuncia presentada en Estados Unidos no determina irregularidades, pero sí obliga a que el Gobierno explique de manera pública las condiciones, costos y alcance del contrato.
La credibilidad del proceso dependerá de la calidad de las respuestas oficiales y de la capacidad de demostrar, con documentación verificable, que la operación se ajustó a los más altos estándares internacionales. En un contexto de tensiones diplomáticas, demandas ciudadanas de claridad y precedentes judiciales en otros países, Colombia enfrenta ahora el reto de demostrar que su mayor compra militar reciente fue negociada con total integridad y sin sombras de duda.
