El abogado penalista Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ofreció a IFMNOTICIAS una exposición detallada del estado actual del juicio que enfrenta su cliente por los presuntos delitos de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. En su intervención, Granados desmintió varias de las bases de la acusación, denunció irregularidades procesales y reafirmó la tesis de la defensa según la cual existiría un trasfondo político en el caso.
Uno de los puntos clave subrayados por Granados se refiere a los testimonios de Óscar Monsalve Correa y Óscar Monsalve Pineda, padre y hermano de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe. Según el defensor, estas declaraciones contradicen frontalmente lo dicho por Juan Guillermo, especialmente sobre la supuesta presencia de grupos paramilitares en la Hacienda Guacharacas y la vinculación de los hermanos Uribe Vélez con esos hechos.
Testimonios que contradicen la acusación
Los testigos afirmaron que el expresidente Álvaro Uribe no fue visto en la hacienda tras la muerte de su padre en 1983, cuando la familia Monsalve aún no trabajaba en el lugar. También señalaron que Santiago Uribe estuvo allí antes de que los Monsalve regresaran en 1996, época en la que los Uribe ya no eran propietarios. Adicionalmente, indicaron que Juan Guillermo Monsalve habría sido incentivado a declarar por el entonces senador Iván Cepeda, recibiendo presuntamente promesas de beneficios judiciales.
Granados calificó estos testimonios como contundentes y suficientes para desvirtuar las acusaciones en contra del expresidente. Sostuvo que el relato del principal testigo pierde credibilidad cuando se contrasta con los hechos descritos por sus propios familiares.
El proceso, enmarcado en un contexto político
Para la defensa, el origen del caso no puede entenderse al margen del contexto político en el que surgió. Granados señaló que, aunque la Corte Suprema avaló inicialmente la investigación impulsada por Iván Cepeda, la posterior compulsa de copias contra Uribe no generó resultados concretos y sirvió, según afirma, como plataforma para un proceso que se inició sin conocimiento del expresidente.
El defensor hizo énfasis en que el expediente se desarrolló a espaldas de Uribe, con interceptaciones telefónicas sin orden judicial, incluidas conversaciones con su abogado, y que el caso solo se hizo público meses después. Todo esto, indicó, ocurrió en coincidencia con las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, en las que Uribe fue el senador más votado y su candidato, Iván Duque, ganó la presidencia.
Según Granados, estas coincidencias temporales revelan que el caso se insertó en una estrategia política para afectar la imagen y el liderazgo de Uribe. No obstante, afirma que la evidencia presentada durante el juicio contradice el relato de la acusación y fortalece la defensa.
Pruebas que respaldan la inocencia
Granados destacó que, aunque en un sistema judicial se presume la inocencia y no se exige a la defensa probarla, el equipo legal de Uribe ha presentado pruebas sustanciales que, junto con las ofrecidas por la Fiscalía, consolidan una tesis de no responsabilidad penal.
De acuerdo con el abogado, ni siquiera Juan Guillermo Monsalve ha señalado de forma directa que Álvaro Uribe lo haya instigado a mentir, ni hay grabaciones, legales o ilegales; que sustenten tales acusaciones. Añade que los elementos probatorios, tanto documentales como testimoniales, no demuestran la comisión de ningún delito por parte del expresidente.
Asimismo, Granados expuso que Uribe no tuvo conocimiento en su momento sobre los ofrecimientos hechos por su entonces abogado, Diego Cadena, a otros reclusos como Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés. En ambos casos, el expresidente se enteró meses después o incluso hasta la etapa de juicio. Según la defensa, estos testigos buscaron a Uribe, y no a la inversa.
Cuestionamientos a la fiscalía y cierre del caso
La defensa también dirigió críticas hacia el accionar del ente acusador. Granados explicó que, tras el paso del caso a la jurisdicción ordinaria en 2020, la Fiscalía solicitó en dos oportunidades la preclusión del proceso por falta de méritos, pero estas fueron negadas. La acusación actual fue presentada por un fiscal que, según la defensa, tenía vínculos con una administración donde se encontraba una parte alegada como víctima.
La fiscal que hoy sostiene la acusación también habría tenido participación en esa misma administración, y aunque fue recusada, dicha solicitud no prosperó. Granados indicó que han existido excesos por parte de la Fiscalía, lo que ha motivado objeciones constantes por parte de la defensa.
Por tratarse del primer juicio penal contra un expresidente democráticamente elegido en Colombia, Granados considera que este proceso marcará un hito en la historia judicial del país. Asegura que todas las pruebas han sido expuestas en juicio y que Álvaro Uribe se ha presentado de manera constante, sin apelar a privilegios, ni rehuir las preguntas del tribunal.
Finalmente, el abogado anticipó que, pese a no haber una decisión definitiva, los elementos probatorios indican que el expresidente no indujo a nadie a mentir, no ofreció beneficios a testigos, y que su actuación se limitó a verificar información para ponerla en conocimiento de las autoridades.
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