Por Álvaro Ramírez González
De todos los anuncios del nuevo gobierno de Colombia, que han sacudido muy desfavorablemente los mercados de capitales, los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, uno solo de ellos ha caído bien en la opinión pública colombiana: la apertura de la frontera con Venezuela.
Y ha sido bien recibida esta decisión ya en marcha, por los nuevos embajadores Armando Benedetti de Colombia y Félix Plasencia de Venezuela. Estas relaciones estaban completamente rotas desde 2019. Fue el presidente Iván Duque, el líder y promotor del cerco diplomático al gobierno de Nicolás Maduro. La porosa frontera venía teniendo cierres parciales desde agosto del 2015, hasta el cierre total en febrero del 2019.
Venezuela, en los gobiernos de Chávez y Maduro, está sobre diagnosticada. Es el régimen que, en 23 años, ha liderado el saqueo más monstruoso a una poderosa y boyante economía petrolera. Un saqueó de más de USD 800.000 millones, que dobla el de la Segunda Guerra Mundial.
La destrucción, confiscación y cierre de 600.000 empresas, hasta llegar al desabastecimiento total. Una cifra que el mundo no conocía. Un régimen tiránico y genocida que destruyó el tejido social y económico del país más rico de América Latina y lo convirtió en uno de los tres países más pobres de la tierra.
Siete millones de venezolanos iniciaron una diáspora por toda América Latina, caminando por todas las carreteras, y sufriendo los más duros sacrificios, buscando una vida que en su país era invivible. Dos de esos siete millones de desplazados por la tiranía, la pobreza y la falta de oportunidades se quedaron en Colombia.
El presidente Duque fue generoso al poner todo el aparato estatal colombiano a disposición, para regularizar a los hermanos venezolanos y ofrecerles los servicios de salud y educación gratuitos. Pero el comercio con Venezuela terminó. Pasamos de un nivel de exportaciones de USD 7.000 millones anuales a USD 200 millones/ año.
Los municipios fronterizos como Cúcuta, Arauca y Maicao han sufrido en carne propia la sequía de este vigoroso comercio binacional. Las trochas clandestinas en poder de los grupos de bandidos se convirtieron en la vía de entrada y salida de personas y productos de contrabando. La apertura ordenada por Petro es muy positiva porque regulariza y activa de nuevo un comercio con un enorme potencial.
Y es Colombia el más favorecido porque nuestro aparato productivo está intacto y el de Venezuela en ruinas. Además, todos los habitantes de esa larga frontera recuperarán sus derechos consulares que estaban totalmente perdidos. Regularizar relaciones con un régimen genocida, y hospedero del narco terroristas, no es nada bueno desde el punto de vista político para Colombia.
Pero esa apertura va a generar muy rápido, una vigorosa actividad comercial, favorable a los dos países y sobre todo, redentor para los territorios y las comunidades que ocupan y viven en esa larga frontera de 2.219 kilómetros.
La decisión paralela del gobierno Petro, de no fumigar las plantaciones de coca, va a disparar el área sembrada en Colombia. Y será la frontera con Venezuela, como el Catatumbo en Norte de Santander, territorio de más cultivos y más intensa actividad del narcotráfico. Y ustedes conocen ya los daños colaterales que ese negocio le hace a una sociedad.
Aun así, bienvenida la apertura de esa frontera. Más que la normalización misma, de relaciones plenas con un régimen genocida y narcotraficante. Crecerá exponencialmente el comercio bilateral. Y también el tráfico de cocaína, y el derramamiento de sangre que trae consigo. ¡Todo al tiempo! Pero es la única decisión del nuevo gobierno que ha caído bien en la opinión pública colombiana.
