Después de nueve meses de debate y controversia, la Corte Constitucional ha emitido la sentencia C-525 de 2023, evaluando la constitucionalidad de la Ley de “Paz Total”. Esta decisión marca un freno significativo a las políticas y negociaciones del Gobierno con grupos criminales, las cuales habían generado una fuerte preocupación por la amplitud de facultades otorgadas al Ejecutivo.
La Ley de “Paz Total”, una de las piedras angulares de la política del Gobierno en materia de seguridad y negociaciones, otorgaba al Ejecutivo una discrecionalidad que muchos consideraban peligrosa. Entre las disposiciones más controvertidas de la ley estaba la posibilidad de designar como voceros de los grupos criminales a personas que ya habían sido condenadas y que se encontraban privadas de la libertad. Esta figura, según los críticos, abría la puerta para que el Gobierno solicitara la libertad de ciertos criminales bajo el pretexto de avanzar en negociaciones de paz.
Sin embargo, con el fallo reciente, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional esta facultad. La decisión impide que el Gobierno utilice la figura de voceros o “gestores de paz” para solicitar la libertad de criminales, enviando un mensaje claro sobre los límites que deben regir en cualquier proceso de paz.
El senador David Luna, del partido Cambio Radical, se pronunció de inmediato sobre el fallo de la Corte, señalando que “¡No más burlas a los colombianos!” y celebrando la corrección necesaria realizada por el máximo tribunal. Según Luna, esta decisión es fundamental para evitar que las condiciones del sometimiento a la justicia de las estructuras criminales queden a la discreción de un Gobierno sin controles efectivos. “La paz no puede lograrse a cualquier costo ni sacrificando el Estado de Derecho. No se trata de acuerdos hechos a la medida de los criminales, sino de una paz que respete la justicia y la Constitución”, agregó el senador.
La Corte Constitucional también declaró inconstitucional la facultad otorgada al Gobierno nacional para definir a su discreción los términos del sometimiento a la justicia de los grupos criminales. Esta decisión es vista como una corrección crucial, ya que impide que las negociaciones se realicen de manera unilateral y sin un marco normativo claro que garantice que las concesiones no socaven la justicia y la legalidad.
El fallo de la Corte llega en un momento en que las negociaciones con grupos armados ilegales y organizaciones criminales han estado en el centro del debate nacional. Los críticos de la Ley de “Paz Total” argumentaban que el Gobierno había dado señales erróneas a los grupos criminales al abrirles la posibilidad de negociar condiciones excesivamente favorables, en detrimento de las víctimas y del Estado de Derecho. Ahora, con esta sentencia, se establece un límite claro a la discrecionalidad del Ejecutivo y se refuerza el principio de que la paz debe construirse dentro del marco de la Constitución y la justicia.
Esta decisión de la Corte Constitucional supone un llamado de atención para el Gobierno, que deberá replantear su estrategia en las negociaciones con grupos criminales. La “Paz Total” tendrá que avanzar respetando los límites impuestos por la Constitución y asegurando que cualquier proceso de sometimiento a la justicia se realice bajo condiciones que garanticen la transparencia, la justicia y la no impunidad.
