El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente la transmisión de los Consejos de Ministros en medios oficiales, argumentando que en una democracia la ciudadanía debe conocer la gestión de los asuntos públicos.
La declaración se dio luego de que el Consejo de Estado admitiera una tutela que estudia si esta práctica vulnera el derecho a la libertad de información.
El recurso judicial ha generado un amplio debate en el Congreso y en el ámbito jurídico, con posturas encontradas sobre los alcances y límites de la divulgación de este tipo de reuniones gubernamentales.
Los abogados Iván Cancino y Germán Calderón se pronunciaron sobre el tema en un debate en W Sin Carreta.
Cancino señaló que la normativa vigente tiene vacíos que están siendo utilizados por el Gobierno y planteó que el eje de la discusión debe centrarse en determinar si el contenido de las transmisiones es de interés general.
Según explicó, la legislación permite la divulgación de temas de interés nacional y los ciudadanos pueden optar por no seguir la emisión, sin que esto represente una infracción legal.
Calderón, por su parte, argumentó que, si bien el Gobierno puede sostener que se trata de un derecho de la ciudadanía, los ciudadanos también tienen el derecho de abstenerse de recibir este tipo de contenidos, en ejercicio de su libre albedrío. Señaló que las transmisiones en horarios de alta audiencia podrían vulnerar otros derechos, como el esparcimiento sin restricciones.
En relación con el alcance de la medida, sostuvo que en ciertas zonas rurales donde no hay múltiples opciones de contenido televisivo, la transmisión de los Consejos de Ministros podría limitar la libertad de elección de los televidentes.
Los juristas coincidieron en que el debate gira en torno a un vacío normativo que está siendo utilizado por el Gobierno y que no podrá ser regulado hasta que no se establezcan lineamientos claros sobre la divulgación de este tipo de contenidos.
En el Congreso, la discusión ha estado marcada por posturas divergentes sobre el impacto de estas emisiones y los posibles efectos que puedan tener en la libertad de información y en otros derechos ciudadanos. La decisión del Consejo de Estado sobre la tutela admitida será clave en la resolución de este debate.
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