El grupo empresarial Keralty formalizó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en respuesta a una serie de declaraciones emitidas por el jefe de Estado que consideran lesivas a los derechos fundamentales de sus directivos y sin sustento jurídico.
El apoderado de la compañía, Juan David Riveros, sustentó la querella con base en afirmaciones hechas por el mandatario durante su alocución presidencial del 15 de julio, así como en intervenciones públicas previas. En ellas, el presidente señaló a Keralty y a su directivo Joseba Grajales de incurrir en delitos como apropiación de recursos públicos, financiación ilegal de campañas políticas y crímenes de lesa humanidad.
“Cometió el crimen de financiar la política con dineros públicos”, dijo el presidente sobre Keralty, afirmando además que la empresa “bloqueó el desarrollo de la reforma en la salud en perjuicio de toda Colombia”. Petro pidió que se investigue incluso en instancias judiciales de España y de Europa.
La defensa de Keralty sostiene que tales acusaciones constituyen injuria, calumnia y discriminación. Según Riveros, el presidente ha adoptado una conducta reiterada contra el grupo, señalando al menos tres intervenciones adicionales en las que se habrían emitido acusaciones similares, entre ellas durante la marcha del 1 de mayo y un acto en abril de 2024.
De acuerdo con la denuncia, las expresiones del mandatario vulneran el derecho a la honra del directivo Joseba Grajales. También afirman que las referencias a su nacionalidad, en el marco de restricciones para su ingreso y permanencia en el país, constituyen una limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, como la libre circulación y la posibilidad de ejercer actividades económicas en Colombia.
Riveros explicó a El Tiempo que “hasta el momento, no se ha materializado la devolución efectiva de la EPS Sanitas a sus propietarios originales”, pese a una sentencia judicial en ese sentido. Indicó que dicha intervención continúa en manos de la Superintendencia Nacional de Salud.
En paralelo, el abogado también presentó una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones en medios de comunicación. En entrevista con La W Radio, el ministro afirmó que Grajales recibió $2.300 millones de dólares “que no se le auditan”, y señaló utilidades superiores a los $600.000 millones en un solo año por parte de empresas del grupo.
Riveros aseguró que esas cifras no se sustentan y afectan la reputación del directivo. Sobre el señalamiento directo del presidente, el abogado respondió que no conoce qué motiva esa conducta, pero señaló que “lo que está en juego es el sistema de salud”, y que no buscarán caer en una confrontación personal, además indicó que las investigaciones de la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Fiscalía contra Sanitas y sus directivos, desde 2011, no han derivado en ningún fallo adverso.
El grupo cuestionó las cifras oficiales presentadas por el gobierno sobre la deuda del sistema. Mientras Petro mencionó un pasivo acumulado de 100 billones de pesos, Riveros sostuvo que los datos oficiales reportan una deuda reconocida de 13,9 billones, equivalente a 50 días de operación del sistema de salud.
Por último, Keralty anunció que prepara nuevas acciones legales, tanto en Colombia como en instancias internacionales, con el objetivo de defender sus operaciones en el país y los derechos de sus directivos.
