La Nueva EPS advirtió este martes sobre las graves consecuencias que podría tener la reciente decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, que ordenó ampliar una medida judicial de embargo contra la entidad por un valor que ahora asciende a $887.249 millones de pesos, el doble de lo confirmado la semana anterior.
Según explicó la entidad, esta decisión se suma a otras medidas que “han afectado gravemente el flujo de recursos destinados a la atención en salud”. En un comunicado, Nueva EPS indicó que la medida judicial afecta principalmente recursos inembargables del sistema, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios a más de 11 millones de afiliados en todo el país.
El embargo, que concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas contra Nueva EPS, fue ordenado por el despacho judicial de Florencia, el cual, según la entidad, “se ha convertido en el despacho con mayor número de medidas cautelares contra la entidad”. Entre las instituciones prestadoras de salud (IPS) con procesos activos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, Clínica de Valledupar, Clínica San Juan Bautista S.A.S. y Medicuc IPS LTDA, entre otras.
De acuerdo con Nueva EPS, uno de los aspectos más preocupantes es que la medida judicial afecta recursos destinados al régimen subsidiado, lo que “además de irregular, lesiona a los afiliados más vulnerables del sistema”.
La entidad recordó que, según la legislación vigente, los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Estas disposiciones establecen que los fondos destinados a la salud tienen carácter público y una destinación específica, por lo que no pueden ser objeto de medidas cautelares.
“En la práctica, esto impide que la EPS disponga libremente de esos recursos mientras se define la demanda o se cumple una sentencia”, precisó la entidad. “Aunque la normativa vigente establece que los recursos destinados a la salud son inembargables, la aplicación de estas medidas judiciales bloquea temporalmente dineros que deberían ser utilizados para la atención de los afiliados y el pago oportuno a los prestadores en todo el país”.
Nueva EPS citó además la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, las cuales reiteran que estos fondos no pueden ser objeto de medidas judiciales por ser recursos parafiscales esenciales para garantizar el derecho fundamental a la salud.
La Agente Especial Interventora de Nueva EPS, doctora Gloria Libia Polanía Aguillón, informó que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES, a quienes se les solicitó adoptar medidas urgentes para frenar decisiones judiciales que “ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema”.
“Estos embargos no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, señaló la agente interventora.
Finalmente, la entidad aseguró que agotará todos los recursos judiciales disponibles y reiteró su llamado a los actores involucrados para que consideren las implicaciones legales y sociales de estas decisiones, preservando la transparencia y la sostenibilidad del sistema de salud.
