El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló denuncia penal contra Rolando Antonio Ramírez Sanabria, teniente coronel del INPEC y exdirector de Custodia y Vigilancia, por hechos relacionados con el traslado del interno Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.
La decisión quedó consignada en el Oficio 2381, en el que el despacho judicial señaló que el funcionario habría expedido de manera ilícita la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025. Mediante ese acto administrativo se ordenó el traslado del interno desde la cárcel de Itagüí hasta el sector de La Alpujarra, en Medellín, para que participara en un acto público realizado en una tarima política encabezada por la senadora Isabel Zuleta.
De acuerdo con el juzgado, el traslado no contaba con autorización judicial, requisito obligatorio y única vía legal para permitir la salida de una persona privada de la libertad. El despacho precisó que ninguna autoridad administrativa puede asumir competencias que corresponden de manera exclusiva a la rama judicial.
Sobre estos hechos, la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, afirmó que el caso tiene implicaciones penales y administrativas. Según indicó, “se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó la ley de manera consciente y se usurparon funciones judiciales que no le corresponden al INPEC”.
La denuncia penal presentada por el juzgado abre la posibilidad de que se investiguen las presuntas irregularidades que habrían permitido la salida de alias “Carlos Pesebre” y, al menos, de otros ocho cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá el pasado 21 de junio de 2025.
Carrasquilla sostuvo que estos hechos dejan claro el alcance de las competencias institucionales. “Este episodio deja un mensaje contundente: ni los directores del INPEC ni los funcionarios arrodillados al poder político están por encima de la ley”, señaló.
En el mismo contexto, recordó que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el denominado “Tarimazo”. Se trata del primer proceso de carácter oficial impulsado por ese organismo contra un jefe de Estado en Colombia. De manera paralela, avanza una demanda ante el Consejo de Estado contra la senadora Isabel Zuleta, que busca la pérdida de su investidura, además de un proceso penal derivado de una denuncia presentada por la concejala Carrasquilla.
En una declaración pública, Carrasquilla explicó los alcances de la decisión judicial. “El día de ayer se hizo una denuncia pública muy importante y es que logramos determinar que el Juzgado 13 de Ejecución de Penas, quien vigila la pena de alias Carlos Pesebre, ha compulsado copias para la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los posibles delitos en los que pudo haber incurrido el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, quien es el jefe de custodia de la cárcel de máxima seguridad”, afirmó.
Añadió que la resolución que ordenó el traslado carecía de sustento jurídico. “Esa Resolución 5208 del 19 de junio no tenía un soporte jurídico porque el juez de ejecución de penas no autorizó la salida de alias Carlos Pesebre y otros más para el tarimazo para hacer política el día 21 de junio”, dijo.
Finalmente, señaló que el caso reafirma el rol de la rama judicial frente a las personas condenadas. “Con esto queda claro que el poder es de la rama judicial en tema de personas condenadas y privadas de la libertad. No le corresponde ni a la senadora Isabel Zuleta ni al presidente Gustavo Francisco ordenar la salida de personas privadas de la libertad de los centros carcelarios como ocurrió ese 21 de junio y mucho menos para hacer política”.
