jueves, octubre 30, 2025
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Juzgado 62 Administrativo de Bogotá admitió tutela de Daniel Quintero

El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, admitió la acción de tutela presentada por el exalcalde hoy imputado, Daniel Quintero Calle, en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión fue emitida el 29 de octubre de 2025 y quedó registrada bajo el expediente número 110013343 062 2025 00419 00.

De acuerdo con el documento oficial, el despacho judicial resolvió admitir el proceso y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar respuesta en un plazo de 48 horas. La acción fue radicada por Quintero en ejercicio de sus derechos constitucionales, con el fin de que la justicia evaluara presuntas vulneraciones derivadas de decisiones administrativas adoptadas por los organismos electorales.

El texto del auto, identificado con la referencia “Acción de Tutela” y el asunto “Auto Remite”, señala que el proceso se encuentra en curso en el despacho para resolver sobre la admisión y estudiar las medidas solicitadas. Según el documento, “se encuentra al despacho el proceso de la referencia para resolver sobre la admisión de la acción de tutela promovida por el señor Daniel Quintero Calle en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

En su comunicación pública, Daniel Quintero se refirió a la decisión judicial a través de su cuenta oficial en la red social X. En su publicación expresó: “Intentaron cerrarnos el camino, pero la justicia empieza a abrir la puerta. El juez admitió la tutela y ordenó a la Registraduría responder en 48 horas. ¡Vamos con fuerza! La democracia no se negocia, se defiende”.

El proceso judicial continúa su trámite ante el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, que deberá analizar el fondo de los argumentos presentados por el accionante y las respuestas que presenten las entidades demandadas dentro del término fijado. La decisión de admisión marca el inicio formal del estudio de la tutela, que busca determinar si se configuraron o no vulneraciones a los derechos fundamentales invocados.

El expediente, tramitado dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, permanecerá bajo revisión del juzgado mientras se surten las etapas procesales correspondientes. Una vez recibidas las respuestas de las entidades involucradas, el despacho judicial procederá a evaluar los elementos de la demanda y las pruebas allegadas para emitir una decisión de fondo.

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