El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero John Fredy Morales, fueron condenados por su presunta responsabilidad en la elaboración y presentación de informes falsos que dieron lugar a interceptaciones telefónicas ilegales en el caso conocido como las “chuzadas” a la exniñera de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá dictó la sentencia y se dio tras comprobar que ambos uniformados presentaron pruebas e informes alterados, los cuales llevaron a fiscales y jueces a autorizar seguimientos ilegales a las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, extrabajadoras del servicio doméstico de la entonces jefa de gabinete del Gobierno Nacional.
De acuerdo con el fallo y la información la juez encargada del caso los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones, señalando que su actuación generó un grave daño a los derechos fundamentales de las dos mujeres afectadas.
La Fiscalía demostró que Correa Loaiza y Morales fueron determinantes en la redacción de documentos con información ficticia, lo que indujo a error a las autoridades judiciales del Chocó, quienes autorizaron las interceptaciones.
En el marco de la investigación se indicó que los informes manipulados, Meza fue identificada con el alias de “La Madrina” y Perea como “La Cocinera”, presuntamente relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo.
Sin embargo, el juicio evidenció que dichas afirmaciones eran falsas. En su lectura de fallo, la juez precisó que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.
Cabe recordar que todo el caso inició con la desaparición de una maleta con dinero en el apartamento de la entonces canciller Laura Sarabia, hecho que llevó a los hoy condenados a incluir falsamente a Meza y Perea como sospechosas.
Durante el juicio oral, fueron clave las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató la insistencia de los dos procesados para que se autorizaran las interceptaciones, pese a que no existían fundamentos jurídicos válidos para hacerlo.
La sentencia establece un precedente en torno al uso indebido de las herramientas de inteligencia y a la responsabilidad de los funcionarios públicos en la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diligencia judicial continuará el próximo 28 de octubre, fecha en la que se conocerán nuevas decisiones respecto a otros posibles responsables involucrados en el caso, mientras los condenados permanecerán bajo custodia a la espera de la definición de su pena.
