La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció la existencia de 24 nuevos casos de presuntos diplomas otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, que habrían permitido la vinculación de contratistas en distintas entidades del Estado entre 2023 y 2025.
La congresista del partido Alianza Verde señaló que los hallazgos guardan similitudes con el caso de Juliana Guerrero, cuya graduación irregular fue objeto de amplio debate público, y advirtió sobre un patrón que comprometería tanto a la institución educativa como a dependencias del Gobierno nacional.
De acuerdo con la información presentada por Juvinao, las 24 personas identificadas habrían sido contratadas en al menos 16 entidades públicas, lo que representó un costo superior a los $11.000 millones de pesos en recursos públicos.
La denuncia sostiene que los títulos profesionales obtenidos en la Fundación San José no cumplirían con requisitos legales básicos, situación que, según la congresista, habría sido determinante para acceder a cargos y contratos que exigían acreditación académica formal.
La investigación adelantada por el equipo de Juvinao estableció dos modalidades de irregularidad. En el primer grupo se identificaron seis personas que habrían recibido su diploma sin presentar la Prueba Saber Pro, examen obligatorio para la obtención del título profesional.
Entre estos casos figuran contratistas vinculados al Sena, la Unidad Nacional de Protección, la Dian y el Invima. Uno de los episodios expuestos corresponde a una contratista del Sena en Boyacá que habría recibido más de $81.000.000 millones de pesos entre 2023 y 2025, pese a no contar con el requisito del examen.
El segundo grupo, conformado por 18 casos, correspondería a personas que presentaron la Prueba Saber Pro después de haberse graduado. Según la representante, esta práctica contraviene lo establecido en la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 del mismo año, que determinan que el examen debe realizarse antes de la expedición del título. Juvinao indicó que esta modalidad refuerza la hipótesis de un esquema reiterado en la expedición de diplomas.
Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: SENA (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), DIAN (1 caso), DANE (2 casos), SuperServicios (1 caso), DAPRE (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad.
Uno de los casos más comentados fue el de un funcionario vinculado a la Dian que obtuvo cuatro títulos profesionales (administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial y marketing internacional) todos con la misma fecha de grado, el 5 de julio de 2024.
La denuncia señala que esta persona solo habría presentado una prueba Saber Pro, pese a que la normativa permite su uso para máximo dos programas académicos. Actualmente, el funcionario se desempeña como analista en la Dian con una asignación mensual de 6,6 millones de pesos.
Ante estos hechos, la congresista cuestionó la respuesta institucional y planteó interrogantes sobre el rol de la Fundación Universitaria San José, el Ministerio de Educación, el Icfes y las entidades que contrataron a los beneficiarios de los títulos.
Juvinao informó que solicitó la intervención del Ministerio de Educación y de la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales derivadas de estos hechos.
